La investigación policial comenzó a raíz de una información recibida por parte de las autoridades de Rumanía que informaban sobre la posible retención de ciudadanos rumanos por parte de un grupo criminal que los estaba coaccionando y explotando laboralmente en terrenos agrícolas, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado.
Los agentes adscritos al Grupo 2º de la Unidad Contra las Redes de Inmigración y Falsedad Documental (UCRIF) de la Comisaría Provincial de Alicante se hicieron cargo de la investigación y averiguaron la localización concreta de la finca en la que estas personas supuestamente estaban siendo explotadas laboralmente.
Los investigadores observaron a un hombre que trasladaba a otros dos desde un domicilio a la finca agrícola, por lo que posteriormente se desplazaron hasta el lugar donde identificaron a las dos víctimas y a la persona que manifestó ser el propietario de la explotación agrícola, quien afirmó tener como empleados a los otros dos y enseñó una nómina a nombre de uno de ellos.
Tras identificar a estas tres personas, los agentes comprobaron que uno de los dos trabajadores era quien había dado la voz de alarma acerca de su situación. Tras ser preguntado por los agentes si estaban siendo retenidos, coaccionados o explotados laboralmente, este manifestó que sí y pidió ayuda a los agentes.
Una vez la víctima estuvo en privado con la policía manifestó que, tras pedir un préstamo de 100 euros, el conductor del vehículo le dio el dinero con la condición de que cada mes que pasara sin cobrar la deuda se duplicaría.
Debido a la pandemia, la víctima tuvo que regresar a su país (Rumanía), por lo que no pudo saldar la deuda y, tras volver a España, el prestamista le solicitó el pago de la deuda que se había elevado a 3.000 euros.
Tras este suceso, le retuvo la documentación y le obligó a trabajar en explotaciones agrícolas diez horas diarias tanto en España como en Francia, pagándole 40 euros semanales para que pudiera comer.
La víctima estaba alojada temporalmente en contenedores habilitados como viviendas de manera «indigna e insalubre» y estuvo en este estado alrededor de dos años junto con otras personas, también de nacionalidad rumana.
"90.000 euros de trabajos"
En este contexto, el hombre calcula que ha pagado al investigado unos 90.000 euros mediante los trabajos realizados, a pesar de que este todavía le reclama una deuda de 3.000 euros.
Por otro lado, manifestó que no había denunciado antes su situación y tampoco había huido por el «temor a las consecuencias», ya que considera «muy peligrosos» tanto a este hombre como a su esposa.
Los agentes averiguaron que el propietario de la explotación agrícola colaboraba con la persona que los tenía presuntamente coaccionados y explotados laboralmente y que el salario de estos dos empleados era ingresado en cuentas bancarias que pertenecían al principal investigado y a su esposa.
Tras realizar otras indagaciones, los agentes comprobaron que en otras tierras, también propiedad del dueño de la finca, se encontraban trabajando otras dos personas, que han resultado ser otras dos víctimas más del grupo criminal.
Los agentes averiguaron que los otros dos trabajadores habían contraído deudas económicas con el cabecilla del grupo criminal y que estaban siendo explotados laboralmente para pagarla. A estos dos hombres también les había retenido la documentación y les había amenazado con hacer daño a sus familias si escapaban o si denunciaban los hechos a la Policía.
Otras víctimas en francia
En el registro del domicilio del cabecilla del grupo criminal, la Policía intervino 1.650 euros y 1.802 leus rumanos --la moneda oficial de Rumanía-- en efectivo.
Además, se encontraron varios extractos bancarios a nombre de los investigados y de varios de sus familiares, en los que había un saldo acumulado de más de 130.000 euros, dinero procedente de transferencias bancarias realizadas por parte de empresas agrícolas francesas que ingresaban el dinero en esas cuentas bancarias por el trabajo realizado de las víctimas .
También fueron halladas varias nóminas a nombre de las cuatro hombres explotados, pero tras comprobar los agentes sus datos en la Seguridad Social ninguno de estos trabajadores figuraba como dado de alta.
Los agentes localizaron tanto al cabecilla de la organización como a su esposa, que recibía los salarios de los trabajadores en sus cuentas bancarias.
Por estos hechos, tanto el matrimonio como el propietario de las fincas fueron detenidos por la presunta comisión de los delitos de trata de seres humanos, extorsión, grupo criminal y delito contra el derecho de los trabajadores.
Los detenidos, dos hombres y una mujer, de entre 24 y 47 años de edad y de nacionalidad rumana, fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Novelda.
Los agentes asistieron a las víctimas y las pusieron en contacto con los servicios sociales para que recibiesen la asistencia necesaria y poder solventar su actual situación social.
Por otro lado, las investigaciones continuarán al tener conocimiento de que cuatro víctimas más de este grupo criminal fueron trasladadas a Francia para seguir siendo explotados laboralmente. Por ello, los agentes estarán en contacto con las autoridades francesas y las autoridades rumanas.
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