El informe deberá incluir una propuesta con «las medidas necesarias» para paliar la situación en la que se encuentren, especificando cuáles de ellas son competencia del órgano de Gobierno de los jueces, como ha indicado el CGPJ en un comunicado.
En su reunión de hoy, la Comisión Permanente ha tomado conocimiento de un escrito, recibido el pasado 27 de febrero, en el que la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) denuncia la situación de dichos juzgados, que son competentes tanto en materia civil como penal. El escrito viene acompañado de un informe que advierte de «la sobrecarga de trabajo que estos órganos judiciales soportan como consecuencia de la tramitación de causas complejas por delitos relacionados con el narcotráfico».
A la vista de las diversas propuestas de la AJFV, la Comisión Permanente ha acordado dar traslado al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes de las cuatro que requieren reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
En concreto, van a trasladar la asunción por la Audiencia Nacional de la competencia sobre los delitos de narcotráfico, independientemente del ámbito en el que se desplieguen sus efectos; liberar al juez instructor de la resolución de recursos de reforma y limitar los supuestos en los que quepa interponer recursos de apelación contra decisiones del instructor; establecer un complemento salarial de peligrosidad y/o penosidad en las zonas consideradas especialmente conflictivas por la investigación de delitos como el narcotráfico, el blanqueo de capitales u otros similares vinculados a organizaciones o grupos criminales; y la implantación de los tribunales de Instancia a medio plazo y unificación de los sistemas de gestión procesal.
En cuanto a la propuesta relativa al refuerzo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con medios para la persecución de esos delitos, la Comisión Permanente ha acordado trasladar esta petición al Ministerio del Interior.
Por último, se ha decidido poner en conocimiento de la Junta de Andalucía y del Ministerio de Justicia la propuesta consistente en una mejora en la dotación de medios materiales y personales, incluyendo el nombramiento adicional de letrados de la Administración de Justicia y funcionarios.
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