Todas serán de nueva construcción, en suelo público y cada administración se encargará de 500 distribuidas por distintos distritos. Las del Gobierno de Aragón se localizan en el Actur, donde se levantarán 200 viviendas y en Valdespartera, las otras 300; mientras que las del Ayuntamiento estarán en el Arrabal, Las Fuentes, Delicias y Torrero La Paz.
En concreto los suelos municipales se sitúan en Las Fuentes, en el cruce de la calle Miguel Servet y la Ronda Hispanidad; en Torrero-La Paz están junto al campo de fútbol José Luis Violeta; en el Picarral en el cruce de las calles San Juan de la Peña y Alcalde Caballero; en Delicias se levantarán junto al IES Santiago Hernández; y en el Barrio Jesús junto al río Ebro.
Los suelos correspondientes al Gobierno de Aragón se ubicarán en Valdespartera, junto a las plazas Cleopatra y Viaje a la Luna; y el Actur, en la calle María Zambrano a la altura de la calle Manuel Marraco Marrón.
Estas mil viviendas iniciales se sumarán a las 376 que se han adjudicado a principios de año en 11 parcelas de titularidad de Zaragoza-Vivienda y que están destinadas también para el alquiler asequible, principalmente de jóvenes.
Los pliegos de condiciones se presentarán en unos meses antes del verano para que las constructoras puedan presentar sus proyectos con la previsión de iniciar las obras a lo largo de 2025. Todas las viviendas se harán en parcelas finalistas de suelos no desarrollados, denominados de reserva, y también contempla plazas y zonas ajardinadas.
Entre 300 y 500 euros al mes
El plan podrá se ejecutar tras la aprobación de la Directriz Especial de Suelos Dotacionales impulsada por el Gobierno de Aragón, que permite convertir suelos públicos dotacionales en viviendas de alquiler asequible.
La construcción se realizará a través de colaboración público-privada y se hará efectiva mediante la convocatoria de concursos públicos en libre concurrencia competitiva para el otorgamiento de derechos de superficie o concesiones administrativas, garantizando en todo caso la titularidad pública y la reversión de los pisos a manos de las administraciones tras los plazos establecidos en las concesiones, que son de 75 años.
Para ello, los procedimientos se convocarán de manera coordinada, con criterios y condiciones homogéneas, ya sea una u otra administración la titular de los suelos o la que impulse los procedimientos para garantizar que las propuestas de participación por parte de la iniciativa privada no se orienten hacia unas u otras por condiciones más o menos ventajosas de cada una de ellas.
La mayoría de las viviendas serán de 1 a 2 habitaciones, aunque también las habrá de 3 dormitorios, porque la finalidad es que sean para gente joven y se adjudicarán, por 15 años, según los ingresos y la situación de vulnerabilidad.
La idea es que los inquilinos paguen entre 300 y 500 euros de mensualidad por la vivienda, que no supere el 30 por ciento de sus ingresos, y aunque el coste real será más alto porque el precio lo determinará la constructora la diferencia la abonará el Gobierno de Aragón. Para ello, se estima un desembolso de 2,5 millones anuales que, a lo largo del tiempo de concesión de las ayudas, alcanzarán unos 40 millones de euros, ha expuesto Azcón.
De esta forma, ha asegurado que el Ejecutivo autonómico se compromete a incorporar en sus futuros presupuesto las partidas suficientes para asistir a los demandantes de vivienda pública en alquiler, tanto si ha sido promovida por el propio Gobierno de Aragón como si lo ha sido por el Ayuntamiento de Zaragoza, para garantizar que potenciales inquilinos, principalmente jóvenes, «no deban destinar más del 30 por ciento de sus ingresos a satisfacer su necesidad de hogar propio».
Alta calidad
«Todas serán de nueva construcción y de altísimas calidades con los últimos estándares de eficiencia energética, que es sostenibilidad ambiental y confort», ha subrayado Azcón.
Se ha calculado que un 80 por ciento de las mil viviendas sean para jóvenes y el otro 20 por ciento para otros colectivos con necesidades especiales.
Superados los 15 años de estancia en la vivienda de alquiler el Gobierno de Aragón dejará de prestar esa subvención porque se entiende que «ya no serán tan jóvenes», ha explicado Azcón y en caso de que dejen antes la vivienda se buscará otro inquilino.
Además, la construcción de estas mil viviendas supondrá movilizar en el mercado alrededor de 120 millones de euros en el ámbito de la construcción y generará unos 3.000 empleos.
"histórico"
En rueda de prensa, la alcaldesa, Natalia Chueca ha añadido que con este protocolo se busca solucionar uno de los principales problemas de la sociedad que es la emancipación de los jóvenes, ya que en la actualidad tienen que desembolsar hasta el 60 por ciento de sus ingresos.
Chueca ha subrayado que la colaboración institucional es «fundamental» para afrontar este problema social y «nunca antes se había llegado a un acuerdo de estrategia común» por lo que ha calificado de «histórico» la firma de este protocolo.
Azcón ha incidido en que este acuerdo «marca un récord» y lo ha comparado con las 86 viviendas construidas en la anterior legislatura del Gobierno de Aragón presidido por el socialista Javier Lambán, y «ninguna en Zaragoza», ha afeado.
Por último, Azcón ha recordado que en Aragón hay unos 47.000 jóvenes a los que les gustaría emanciparse, de los que más de 30.000 se localizan en la ciudad de Zaragoza por lo que se han marcado hacer 16.000 viviendas para atender «no a todos los demandantes de una vivienda, sino a los que presentan unas condiciones especiales por ser de colectivos vulnerables», ha precisado.
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