Así lo ha trasladado la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, a la titular del Ministerio, Ana Redondo, en una carta adelantada por el diario 'El Mundo' y a la que ha tenido acceso Europa Press.
Según explica la consejera en su misiva, fechada el 18 de marzo, desde los puntos municipales del Observatorio de Violencia de Género de la Comunidad de Madrid se ha transmitido «preocupación» al comprobar «la petición de ayuda de personas que, habiendo realizado el cambio registral de sexo, siendo ahora femenino», figuran en el sistema VioGén como agresores cuando su sexo era masculino.
En este sentido, Dávila ha advertido de que «alguna de las víctimas de violencia está siendo atendida en el mismo punto municipal al que pretende acceder su agresor», una circunstancia, subraya, que «pone en peligro tanto a las víctimas como a los profesionales», además de poner «en riesgo» el propio sistema de protección, recalca.
Tras advertir a la ministra de que la Ley 4/2023, conocida como Ley Trans aprobada por el Gobierno de España «no resuelve las cuestiones suscitadas», le solicita que «indique la forma de proceder en los casos descritos» para que «no se ponga en peligro la integridad de las víctimas de violencia» y, además d «evitar la discriminación», se tienda a «fomentar la igualdad de oportunidades en cualquier ámbito» de la sociedad.
«Quedo a su entera disposición para, si así lo considera, poder tratar este asunto con mayor detalle», concluye la carta de la consejera a Ana Redondo.
Casos detectados en la comunidad
Fuentes de la Consejería consultadas por Europa Press confirman que en los últimos meses se han detectado «al menos tres casos» de presuntos agresores de mujeres que, estando registrados en el sistema de seguimiento VioGén, han modificado su sexo en virtud de la nueva Ley Trans y han solicitado acceder a un punto de atención a mujeres víctima de violencia.
Aunque recalcan que «ninguna de las tres peticiones ha tenido que ser atendidas por el momento», reconocen que estas situaciones «están causando estrés y ansiedad en algunas trabajadoras», que temen posibles agresiones, explican.
Según señalan estas fuentes, uno de los casos se ha registrado en Madrid capital, donde un presunto agresor pidió ingresar en un centro de acogida residencial para mujeres. El segundo se ha producido en Coslada, donde otro presunto agresor ha pedido ser atendido en el punto municipal de esta localidad.
En cuanto al tercer caso, se ha registrado en Pozuelo de Alarcón, donde otro presunto agresor ya declarado mujer en su DNI ha solicitado ser atendido en el mismo punto municipal en el que estaba siendo atendida su ex pareja.
Por otro lado, desde la Consejería señalan que se han detectado «al menos otros tres casos distintos a los anteriores» en el último año en la Mancomunidad de Sierra Oeste.
En dos de ellos, el presunto agresor cambió de sexo en su DNI, lo que «le evitará que la violencia que pueda ejercer en un futuro se sustancie a través de un procedimiento judicial de violencia de género», mientras que en el tercer caso se trata, según las mismas fuentes, de un presunto agresor sexual pareja de la agredida, la cual al interponer la denuncia ante la Policía fue informada de que éste había cambiado ya de sexo registral al femenino, por lo que no podían considerar la denuncia como un caso de violencia de género.
Por último, varios varones que han cambiado de sexo registral al femenino están pidiendo información sobre las ayudas a las víctimas de violencia de género en Móstoles, Velilla de San Antonio y en la Mancomunidad Intermunicipal del Sudeste (Misecam), de acuerdo con la información facilitada desde la Consejería.
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