La red había constituido un entramado societario enmascarado bajo actividades de ocio y tiempo libre, estafando a 155 víctimas extranjeras, en su mayoría jubilados, captados en congresos organizados por los propios investigados.
En esta operación, siete personas han sido arrestadas --hay una octava investigada no detenida-- por su presunta participación en un delito continuado de estafa, y se ha procedido al bloqueo de más de 2,5 millones de euros en cuentas bancarias, ha indicado la Policía Nacional en un comunicado.
Además, se han realizado seis registros en la provincia de Málaga y, en concreto, en domicilios de Málaga, Fuengirola, Marbella y Estepona, y otros dos en sedes empresariales de Mijas Costa.
La explotación final de la operación 'Black Holidays' tuvo lugar el pasado mes de marzo, permitiendo, tras dos años de ardua investigación patrimonial, desarticular una organización transnacional dedicada a la estafa relacionada con los derechos de multipropiedad.
La investigación, llevada a cabo por agentes del Grupo II de Delitos Económicos de la Comisaría Provincial de Málaga, se inició gracias a la denuncia colectiva de los perjudicados, representados por un mismo abogado, contabilizándose 155 víctimas extranjeras, en su mayoría jubilados, y estimándose un fraude superior a 1,8 millones de euros.
Las víctimas eran captadas en congresos organizados por la propia organización donde les ofrecían la adhesión a clubes vacacionales con una amplia gama de ventajas, a cambio de la cesión de los derechos de multipropiedad de los que disponían los inversores.
Además, las ofertas llevaban aparejadas el supuesto compromiso de la devolución de las cuotas iniciales y anuales abonadas, en un cheque de reembolso, tras completar la permanencia de 36 o 54 meses.
Con el paso de los meses, los clientes se percataban que las ofertas eran inexistentes, generando numerosas quejas por parte de los mismos. Derivado de estas incidencias, la red criminal ideó una transformación de su propia estafa, migrando las empresas ya existentes desde actividades de ocio a un servicio de reclamación jurídica para asistir a los estafados en la recuperación del dinero aportado.
Las averiguaciones consiguieron dilucidar una compleja trama de sociedades mercantiles, diseñada desde países como Gran Bretaña y España, e, incluso, países no cooperativos en materia fiscal y tributaria, todo ello ideado con la intención de ocultar y dificultar la trazabilidad del dinero defraudado. En este aspecto, los investigadores estimaron un perjuicio económico de 1.832.541 euros.
De los hechos conoce el Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, que ordenó el bloqueo de 2,5 millones de euros en diferentes cuentas bancarias relacionadas con los investigados.
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