El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha anunciado que el Consell va a aumentar «al máximo», hasta un millón de euros, las sanciones por productos peligrosos, defectuosos, falta de información o etiquetado, frente a la piratería y falsificación de productos de sectores como el textil, el calzado, el juguete o la cerámica, para «garantizar la seguridad» de la ciudadanía y «defender a las empresas de la Comunitat Valenciana».
Así lo ha avanzado este viernes el jefe del Consell durante la visita a las instalaciones de la planta tratamiento y reciclaje de la firma Acteco en Ibi (Alicante), donde se llevan a cabo la destrucción de productos defectuosos, donde ha estado acompañado por la consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Nuria Montes, según ha indicado la Generalitat en un comunicado.
«Vamos a incrementar las sanciones todo lo que permite la Ley para que no salga barato poner en riesgo la salud de nuestros ciudadanos y la seguridad de nuestros niños y niñas», ha sostenido. Al respecto, ha apuntado que la Generalitat va a modificar el Decreto Legislativo 1/2019, del 13 de diciembre de aprobación del texto refundido de la Ley del Estatuto de las personas consumidoras y usuarias de la Comunitat Valenciana.
En este sentido, ha afirmado que la modificación de la Ley del Estatuto del Consumidor en la Comunitat Valenciana hará referencia básicamente al apartado de sanciones, «con especial relevancia a los que no colaboren en la retirada de productos o reincidan en ello» y ha agradecido a los que «sí contribuyen a evitar esta competencia desleal»,
Con estos cambios, la cuantía máxima de las infracciones leves --fijada ahora en 3.005,06 euros-- pasaría a ser de 10.000 euros, y las graves --ahora en 15.025,30 euros-- se establecerán en 100.000 euros. Además, el importe máximo de las infracciones muy graves, que están ahora en 601.012,10 euros, pasaría a ser de 1.000.000 euros.
Mazón ha señalado este proceso de renovación legislativa estará operativo el 1 de enero de 2025 para que ya entren en vigor las nuevas sanciones, que «llegarán al máximo posible, incluso con incrementos superiores al 700 por ciento de los actuales importes, que incomprensiblemente durante estos años no se han modificado».
El máximo representante del Ejecutivo valenciano ha puesto en valor a las empresas de la Comunitat que «realizan una extraordinaria labor en la protección del consumidor». Así, ha apelado a la «compra de productos de la Comunitat Valenciana de sectores como el juguete, el mueble o el calzado, que apuestan por la calidad, el diseño o la innovación para hacer frente a la competencia desleal»
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