María Charpín ha comparecido como acusada en el juicio, tras las declaraciones previas del ex secretario general de UGT-A Francisco Fernández Sevilla y del que fuera secretario general de Administración de UGT-A, Federico Fresneda; toda vez que la causa se dirige además contra la ex responsable del departamento de Compras de UGT-A, Dolores Sánchez; el consejero delegado de la entidad Soralpe I Mas P Asociados S.L., Enrique Goicoechea; y diez personas más que actuaron como proveedores del sindicato a través de las empresas que representaban.
Al igual que Fernández Sevilla y Fresneda, María Charpín sólo ha accedido a responder a su abogado defensor y al tribunal, no así al fiscal del caso ni al resto de acusaciones, según las cuales el sindicato orquestó con sus proveedores un sistema de facturas fraudulentas o «falsas» con cargo a las subvenciones autonómicas para cursos de formación, gracias al cual cosechaba un «bote» económico con el cual sufragar gastos no imputables a las ayudas.
Más al detalle, la investigación sostiene que de común acuerdo, los proveedores acusados habrían inflado las citadas facturas imputadas a programas de cursos de formación subvencionados por la Junta de Andalucía, para generar ese saldo a favor de UGT-A fruto de la diferencia entre el gasto planteado a la Administración andaluza y el coste real de los productos o servicios contratados.
Sin "funciones de control económico"
Al respecto, María Charpín ha explicado que aunque su secretaría dentro de la comisión ejecutiva de UGT-A se titulase de Gestión Económica, ella no tenía «funciones de control económico» de la organización sindical ni tenía «poder sobre las cuentas» del sindicato, así como tampoco firmó las justificaciones de las subvenciones que el sindicato remitía a la Junta.
Su labor fue, según ha destacado, de «cobradora del frac» de UGT-A, pues en aquellos tiempos, según ha dicho, la Junta de Andalucía sufría una importante falta de «liquidez» para abonar al sindicato las cuantías en efectivo derivadas de las acciones de formación justificadas merced a programas subvencionados y concertados en la materia, con lo que los responsables de la Junta intentaban «no pagar las justificaciones» trasladando al sindicato «muchos requerimientos» de subsanación, extremo que ella se encargaba de resolver, para conseguir «esa financiación».
La situación fue tal, según ha dicho, que a finales de 2012, en plena crisis internacional financiera y con las políticas de austeridad en marcha, la Junta de Andalucía adeudaba «ocho millones de euros» a UGT-A por acciones de formación subvencionadas por la Administración andaluza y cuya justificación había presentado el sindicato.
Lo que la junta pedía para las facturas
En cualquier caso, Charpín ha aclarado que ella no daba «directriz» alguna en materia de cómo justificar las subvenciones, asegurando al respecto que en todos estos trámites, la Junta reclamaba al sindicato «mucha concreción» en los expedientes de justificación de las ayudas, pero a la vez pedía «cierta laxitud en los conceptos» de las facturas a presentar.
Además, Charpín ha defendido que el presupuesto ordinario de UGT-A estaba «absolutamente» separado del presupuesto relativo a los programas de formación subvencionados por la Junta de Andalucía.
También ha manifestado, como sus predecesores, que las empresas proveedoras de UGT Andalucía hacían descuentos al sindicato por determinados volúmenes de compra durante periodos concretos, toda vez que durante el juicio ha quedado constatado que tales descuentos no eran comunicados al órgano gestor de la fiscalización de las ayudas autonómicas sobre las que se sustentaban los gastos, o sea la Junta.
Sobre ello, Charpín ha declarado que resultaba «complicadísimo, casi imposible» plasmar estos descuentos en cada factura concreta, porque tales descuentos eran «liquidados a final de año», la relación del sindicato con los proveedores era «global» y cada programa de cursos de formación contaba con «cientos» de acciones formativa que derivaban en sus correspondientes facturas.
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