El expresidente de la Generalitat y exministro, Eduardo Zaplana, a su llegada a juzgados en imagen de archivo | Rober Solsona - Europa Press

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Tres agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han situado al expresidente de la Generalitat Valenciana y exministro con el PP Eduardo Zaplana en centro del entramado del conocido como caso Erial: «Era el que tomaba las decisiones» aunque «no aparecía de forma directa».

Así se han ratificado estos agentes en su declaración, en calidad de peritos, en el juicio que se sigue en la Audiencia de Valencia contra Zaplana y otras 14 personas más por el caso Erial, procedimiento en el que se ha investigado el supuesto cobro de más de 10 millones de euros en comisiones derivadas de concesiones de ITV y parques eólicos de la Comunitat Valenciana. El fraude está cuantificado en más de 20 millones de euros.

Los agentes se encargaron de desarrollar la investigación y de elaborar el informe definitivo del caso. Han ido desgranando ante el tribunal la creación de sociedades y los procedimientos utilizados por los acusados para pagar las comisiones ilegales a raíz de las adjudicaciones públicas. Y han situado a Zaplana en el centro de los hechos.

En concreto, relacionan a Zaplana con tres sociedades para disponer del dinero de las comisiones: Costera del Glorio, Medlevante y Gesdesarrollo. Respecto a la primera sociedad, se percataron de una aparente disposición de fondos y bienes por parte del 'expresident'; y sobre las otras dos sociedades observaron cómo éste tomaba las decisiones.

Al respecto, el tribunal ha pedido a los agentes que concreten la manera en que Zaplana tomaba esas decisiones, y uno de los peritos ha explicado que sobre Medlevante, fue el 'expresident' quien se opuso a la apertura de una cuenta bancaria; mientras que en el caso de Gesdesarrollo ha indicado que ante una oferta para comprar una parcela en Vilajoiosa, Joaquín Barceló --al frente de la misma y testaferro de Zaplana-- dijo al comprador que no le podía responder en ese momento.

Los agentes observan cómo Barceló comunicó que la aceptación de la operación la tenía que llevar a cabo «otro socio», aunque no nombró a Zaplana. Sin embargo, le siguieron y vieron cómo se desplazó ese mismo día hasta el Hospital La Fe, donde estaba el 'expresident' y, tras ello, Barceló realizó una llamada por la que aceptó la oferta. «La palabra que dijo fue 'conforme'», ha recordado un agente.

Además, los peritos han descrito cómo Zaplana mantuvo reuniones «clave» en los periodos en los que tenían lugar las adjudicaciones públicas de las ITV. En concreto, se han referido a encuentros entre el 'expresident' y el fallecido Juan Cotino, exdirector de la Policía y miembro del grupo Sedesa, adjudicatario de las ITV.

«Juan Cotino jugó un papel fundamental también en el entramado», han dicho, para agregar que fue la persona que viajó a Luxemburgo para entregar dinero en efectivo, más de 600.000 euros, con los que se constituyó Imison --empresa a través de la cual se vertebra la estructura societaria-- y, posteriormente, Fénix.

Tras este viaje hubo una reunión entre Zaplana y Cotino, han descrito los agentes en base a la agenda intervenida al 'expresident'. Posteriormente hubo otro encuentro entre ambos cuando se produjo la apertura de propuestas en la mesa de contratación y otra al día siguiente de las adjudicaciones. «Las reuniones de Zaplana en cada momento temporal de la investigación se encuentran vinculadas a la persona que en ese momento es el actor principal, en este caso Juan Cotino».

Posteriormente los agentes se han remitido a un segundo periodo en la etapa del 'expresident' en el que mantuvo varias reuniones con el exonseller Fernando Castelló por la adjudicación del Plan Eólico. «En 2002 se reunieron», han afirmado.

50 millones de pesetas

Precisamente como consecuencia de la adjudicación del Plan Eólico, los agentes se han referido a una petición que hizo Zaplana para que Juan Francisco García, su exasesor fiscal, solicitara 50 millones de pesetas a una empresa. «La contrapartida que iba a recibir ésta era una participación en el Plan Eólico a través de una mercantil que no había sido todavía adjudicataria», han dicho.

Zaplana y García hablaron también, según los agentes, en que tenían que articular la participación de la empresa a través de Castelló, responsable del Plan Eólico. «Tenían que presionar a Castelló para que permitiera la entrada de la empresa y eso finalmente se llevó a cabo o, al menos, se iniciaron los trámites», han descrito.

En este entramado del Plan Eólico también se han referido los agentes a José Luis Olivas, participante por ser posteriormente presidente de la Generalitat --Zaplana ya había sido nombrado ministro en Madrid--. «En el caso de las ITV, la dinámica era que cuando se vendía la sociedad adjudicataria, las plusvalías se usaban para el pago de las comisiones. En el Plan Eólico pasó lo mismo, se vendió la sociedad y parte de los fondos se destinaron a una empresa de Olivas», han señalado.

Sociedades, comisiones y retorno

Los agentes han expuesto que Imison y Fénix fueron el origen de las sociedades a los que se transfirieron un total de 11,2 millones de euros provenientes de la actividad de adjudicaciones de las ITV y de los Planes Eólicos.

En ambas sociedades existían una serie de «similitudes»: se constituyeron el mismo día, en 2001; las dos se constituyeron en base a la compra de un campo de golf en España; y se originaron con la aportación de dinero en efectivo aportado por Juan Cotino.

Con el tiempo, a partir del año 2005, se produjeron una serie de compraventa de participaciones de otras sociedades --como Costera del Glorio o Medlevante-- «que se abordaron en Sedesa» para retornar el dinero a España. «Desde un inicio la pretensión era retornar el dinero para hacer otras inversiones», han descrito los agentes.