Andalucía vuelve a estar a la cabeza de la litigiosidad en España, tan solo después de Canarias, y es que en 2023 los órganos judiciales andaluces ingresaron un seis por ciento más de asuntos que el año anterior, hasta llegar a los 1.372.072, aumentando en todos los órganos jurisdiccionales.
En este periodo, los tribunales andaluces resolvieron además menos asuntos de los ingresados, por lo que ha aumentado un 16 por ciento el volumen de asuntos pendientes.
Así lo ha expuesto este viernes el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, durante la presentación de la memoria anual de 2023 en la Real Chancillería de Granada, sede del alto tribunal andaluz, donde ha recalcado que la justicia se encuentra en «cifras récord» y «al borde del colapso», apelando «a la responsabilidad política» para ofrecer soluciones a la actual situación.
A juicio del presidente del TSJA, «se está normalizando una situación precaria y deficitaria, sin que los tribunales puedan dar respuesta en plazos razonables y sin avances organizativos, procesos o tecnológicos», por lo que ha reclamado mejoras en los diferentes ámbitos.
Entre otras cuestiones, ha considerado «imprescindible» la creación de nuevas plazas judiciales: 15 plazas en órganos colegiados y 104 en órganos unipersonales.
En términos generales, Lorenzo del Río hace una valoración «negativa» de la situación actual a tenor de los datos estadísticos de 2023 y el volumen de asuntos pendientes. «El que la Justicia sea percibida como lenta y poco eficiente sólo responde a la realidad y si no ha colapsado todavía» --ha advertido-- se debe, en gran parte, al sentido de la responsabilidad que mantienen quienes trabajan día a día a los juzgados, pese a las deficiencias estructurales, organizativas y de recursos", ha expuesto.
Cifra récord de asuntos pendientes
Durante 2023 subieron los asuntos ingresados en todas las jurisdicciones. La jurisdicción civil ingresa un ocho por ciento más, siguiendo la tendencia al alza desde el incremento de 2017. La jurisdicción social ingresa un seis por ciento más de asuntos, mientras que en la jurisdicción penal los asuntos ingresados también se incrementan, aunque en menor medida, un 4 por ciento. La jurisdicción contenciosa sube un 18 por ciento, singularmente en la primera instancia unipersonal, y rompe la tendencia de descenso de los dos últimos años.
Los procedimientos penales suponen cuantitativamente la mayor carga de trabajo judicial, en concreto el 54 por ciento del total, el porcentaje relativo a la jurisdicción civil supone un 37 por ciento del total, la jurisdicción social representa un 6 por ciento del total y, en fin, la jurisdicción contencioso-administrativa supone un 3 por ciento del total de asuntos ingresados.
La Memoria del TSJA explica que, tras superar las grandes disfunciones derivadas de la pandemia, la huelga de Letrados de la Administración de Justicia y funcionarios ha repercutido de nuevo en que haya un «mayor atasco y cifra de asuntos pendientes», dada la importante suspensión de juicios y otro tipo de actuaciones procesales.
Así, cada año se pone de manifiesto que la tasa de congestión, que indica la carga total de trabajo (asuntos registrados más pendientes), siempre es superior a los asuntos que se resuelven, lo que impide rebajar el volumen de asuntos pendientes y mejorar los tiempos de respuesta de muchos órganos judiciales.
En este sentido, desde el TSJA se vuelve a incidir en que «es imposible acabar con la pendencia existente en los órganos judiciales andaluces con los actuales recursos personales y defectuoso sistema organizativo». Por ello, «no podemos caminar desde el puro voluntarismo ni apelar siempre a la responsabilidad personal», advierte Lorenzo del Río.
«Si queremos avanzar en la normalización de nuestros tribunales, generalizar un mejor rendimiento de la justicia y reducción de la bolsa de asuntos pendientes, será imprescindible la reforma en profundidad de nuestro sistema organizativo, procesal y tecnológico, optimizando nuestros órganos jurisdiccionales y los actuales recursos personales, todo ello sin perjuicio de mejorar los planes de refuerzo y crear nuevas plazas judiciales», ha especificado.
La Memoria del TSJA refleja la falta de modernización del poder judicial y su presidente incide en que «lo responsables políticos siguen frustrando reformas necesarias del sistema judicial por la falta de consenso político y visión de Estado, dejando transcurrir períodos temporales significativos que abarcan varias legislaturas». «Las fuerzas políticas deberían ser conscientes de la necesidad y urgencia en conseguir cambios en nuestro sistema de justicia. Y 2023 ha sido un nuevo año perdido», concluye Lorenzo del Río.
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