La Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales han advertido de que, cuatro años después de la implantación del Ingreso Mínimo Vital (IMV), la prestación solo llega al 11,01 por ciento de la población que vive bajo el umbral de la pobreza en la Comunitat Valenciana, por debajo del 12,19% de media nacional.
Según datos recopilados por la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociale en abril 62.734 familias valencianas fueron beneficiarias del IMV, con un total de 187.590 personas. Además, las familias valencianas que perciben la renta básica de subsistencia por tener ingresos inferiores a lo que se considera «renta garantizada» son 43.476 hogares (112.810 personas).
El colectivo ha reprochado al Gobierno que no haya establecido «ninguna coordinación» con los servicios sociales municipales para incrementar la cobertura de esta ayuda y ha denunciado las diferencias territoriales existentes entre comunidades, que van desde el 24,5% de cobertura de población bajo el umbral de la pobreza en Euskadi al 5,9 en Baleares.
Los gerentes de Servicios Sociales han acusado al ejecutivo de «no cumplir con el objetivo que se planteó de que en unos meses llegaría el IMV a las 850.000 familias que malviven en la pobreza extrema en nuestro país. Mientras tanto, la persistencia de las »colas del hambre« deberían, según la asociación, »avergonzar a los gobernantes« a los que acusa de »impericia del Gobierno en la gestión de la vacuna contra la pobreza, como calificaron el Ingreso Mínimo Vital".
Según datos recopilados por la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociale en abril 589.948 familias fueron beneficiarias del IMV, con un total de 1.771.480 personas. El colectivo ha recordado que el Ingreso Mínimo Vital engloba tanto la renta básica de subsistencia, para familias con ingresos por debajo de la renta garantizada, como el complemento de ayuda para la infancia que permite completar las rentas inferiores a tres veces la renta garantizada.
Las familias que perciben la renta básica de subsistencia por tener ingresos inferiores a lo que se considera «renta garantizada» son «sólo», según la entidad, 392.902 hogares (1.006.763 personas), el 2,1% de la población española. Asimismo, ha recordado que la previsión inicial, cuando el IMV se implantó en 2020, era llegar a 850.000 que se encuentran en situación de pobreza severa (17% de la población española, 2,3 millones de personas).
«La realidad es que solo se ha alcanzado el 46,2% de cobertura de la pobreza severa», ha explicado el colectivo. Y, han añadido, si se toma como referencia el riesgo de pobreza, actualmente hay en España 8.260.000 en esa situación, al estar por debajo del 60% de la mediana de ingresos. En consecuencia, el IMV «sólo» llega al 12,2% de las personas en riesgo de pobreza.
Situacion por ccaa
A nivel territorial, la asociación ha insistido en las «grandes diferencias» en esta implantación entre Comunidades Autónomas. El IMV llega a más del 20% de la población bajo el umbral de pobreza en País Vasco (24,6%), Ceuta (23,5) y Melilla (22,6%), pero no llega al 10% en Castilla La Mancha (8,7%), Cataluña (8,6%), Canarias (8,3%) y Baleares (5,9%).
Más próximas a la media nacional del 12,2%, se encuentran comunidades como Navarra (17,7%), Asturias (16,5%), La Rioja (15,8%), Andalucía (14,4%), Aragón (13,6%), Madrid (13,07%), Extremadura (13,4%), Cantabria (12,2%), Castilla y León (12,17%), Comunitat Valenciana (11,01%), Galicia (10,9%).
Ante estos datos, la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales es «necesario un impulso aún mayor para incorporar el IMV en la gestión a los servicios sociales de atención primaria». Consideran que «los servicios sociales comunitarios son una red capilar que llega a toda la ciudadanía independientemente del municipio en el que reside y de su situación personal y social».
Sin embargo, se ha lamentado la organización, «el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social no ha establecido ninguna coordinación que, sin ninguna duda, hubiera ayudado a la implantación del IMV, mejorando los plazos en el acceso y la situación económica de muchas familias». En su opinión, «el laberinto burocrático diseñado para acceder al IMV ha hecho, en la mayor crisis social de la historia, que miles de personas en situación de vulnerabilidad, pasen meses de su vida sufriendo momentos de gran precariedad».
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