Reunión entre el conseller de Educación, Universidades y Empleo, José Antonio Rovira, y la Plataforma en Defensa de l'Enseynament Públic. | Europa Press

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La Conselleria de Educación, Universidades y Empleo ha defendido el «modelo equilibrado» de la proposición de ley de libertad educativa que, ha reivindicado, busca «cambiar la política de imposición» por una de «promoción» lingüística".

Así lo ha manifestado este lunes el conseller José Antonio Rovira, en declaraciones a los medios previas a la reunión con representantes de la Plataforma en Defensa de l'Ensenyament Públic, quienes, por su parte, han tachado el texto de «tomadura de pelo» y «reaccionario».

La reunión, celebrada en las instalaciones de la sede de la Conselleria en València para abordar las reivindicaciones de la huelga educativa convocada para el 23 de mayo, han acudido representantes de STEPV, Escola Valenciana, CCOO, UGT, CGT Ensenyament, FAMPA-València y ADEP-PV, además del secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy.

Al término del encuentro, la Plataforma ha calificado la reunión con Rovira y McEvoy de «decepcionante», ya que la respuesta de Educación ha sido «mantener las políticas educativas puestas en marcha».

«No ha habido ningún intento por parte de la Conselleria de acercar posturas para buscar soluciones al conflicto que han planteado con la comunidad educativa. Al contrario, se han ratificado en sus políticas», ha criticado la Plataforma en un comunicado.

"política de promoción"

En declaraciones ante los medios, Rovira ha defendido la proposición de ley de libertad educativa, que está siendo tramitada en Les Corts Valencianes, ya que ha asegurado que «establece una voluntad de que sean los padres quienes elijan la lengua base de sus hijos».

En este sentido, ha apuntado que el texto impulsado por el Partido Popular y Vox «respeta» las zonas valencianoparlantes y ha precisado que la diferencia entre las dos lenguas «no va a ser superior al 20 por ciento».

«Se establece un modelo equilibrado, donde se dan a conocer las dos lenguas, siempre en base a la preferencia de los padres. Nosotros creemos en la libertad de poder elegir, hay quien no cree en la libertad y prefiere la imposición», ha destacado el conseller.

Del mismo modo, Rovira ha justificado esta propuesta de cambio en la regulación educativa en base a los datos de las encuestas de la Acadèmia Valenciana de la Llengua que reflejan que el uso entre la gente joven «ha caído». «Habrá que cambiar de una política de imposición a una política de promoción», ha propuesto.

"tomadura de pelo"

Por su parte, la presidenta de Escola Valenciana y portavoz de la Plataforma en Defensa de l'Ensenyament Públic, Alexandra Usó, ha cargado contra la proposición de ley de libertad educativa al considerar que «va en contra de la educación pública y el valenciano», por ello ha pedido al Consell que «rectifiquen».

«La ley establece una diferencia abismal entre el alumnado que vive en zonas castellanoparlantes, que no va a tener la oportunidad de aprender valenciano porque el sistema educativo no se lo va a permitir», ha defendido.

En este sentido, ha apuntado que el valenciano está en un «momento crítico» y ha pedido a las Administraciones un «refuerzo importante». «Este Consell hace todo el contrario, mata de muerte el valenciano», ha sostenido Usó.

Respecto a la denominación de la proposición de ley, han tachado de «tomadura de pelo» el uso del término «libertad» para una ley que han calificado de «reaccionaria» y que «prohibe el aprendizaje en valenciano».

Entre los motivos para convocar la huelga educativa del 23 de mayo, la presidenta de Escola Valenciana ha señalado al «proceso segregador» del distrito único, la «paralización» del plan Edificant o los «recortes» en la oferta de aprendizaje de las escuelas oficiales de idiomas, entre otros aspectos.

Servicios mínimos "abusivos"

Por otra parte, Plataforma per l'Ensenyament Públic ha criticado este mismo lunes que los servicios mínimos establecidos por la Conselleria para la huelga del próximo día 23 son «abusivos», pues ha aseverado que «prácticamente solo podrá hacer huelga un tercio del personal de atención educativa (educadores, fisioterapeutas, etc)», mientras que en el caso del profesorado de Infantil y Primaria los servicios mínimos serán «el doble que en anteriores huelgas».

La entidad ha tildado de «abusiva» esta propuesta que, según han indicado ha hecho llegar la Conselleria al comité de huelga. Así, ha anunciado que está estudiando presentar un recurso por «vulnerar el derecho de huelga de las trabajadoras y trabajadores de la enseñanza pública».