Así lo ha puesto de manifiesto Daniel Campos, letrado de Zaplana, durante la exposición de su informe --que se ha prolongado algo más de tres horas-- en el juicio que se sigue en la Audiencia de Valencia contra su representado y 11 personas más por el caso Erial, procedimiento en el que se ha investigado el supuesto cobro de más de 10 millones de euros en comisiones derivadas de concesiones de ITV y parques eólicos de la Comunitat Valenciana.
Precisamente ayer fue el fiscal el que abrió los informes y rebajó en dos años la pena solicitada para su cliente, que pasó de 19 a 17 años al eliminar el delito de falsedad en documento oficial, y retiró la acusación contra tres personas: la exdiputada Elvira Suances, el peluquero Pedro Romero y el empresario Ángel Salas. También dejó la pena para el expresidente de la Generalitat y de Bancaja, José Luis Olivas, en dos años, similar a la de cuatro conformados que reconocieron los hechos.
El abogado ha comenzado su informe cuestionando tanto la instrucción de la causa como el trabajo de la Policía Judicial, a la que ha calificado de «antigua» y ha asegurado que es «propia» de «un régimen anterior del 78».
Seguidamente, se ha centrado en los 'papeles del sirio', documentos que sirvieron para abrir el caso y que un ciudadano de origen sirio dijo haber encontrado en un inmueble que tenía alquilado en València que había pertenecido hasta el año 2006 a Zaplana y su mujer.
Al respecto, el letrado ha insistido en la ausencia de huellas de Zaplana en ese documento, con lo que ha repetido que es «materialmente imposible» que él tuviera contacto con esos papeles. "Es imposible --ha subrayado-- que esos papeles pudieran ser dejados en 2006 en el domicilio porque uno de ellos llevaba fecha de impresión de noviembre de 2009 y, otro, portaba datos registrales de una sociedad que tampoco pudieron ser incorporados sino a partir de 2008.
Estos papeles, que según ha alegado el letrado «no tienen nada que ver» con los documentos que se intervinieron a Zaplana en su maletín cuando fue arrestado, sirvieron al juez para encargar una serie de diligencias y para dictar la entrada en prisión de Zaplana. Sobre los mismos, ha recordado que fueron cuestionados tanto por el exgerente de Imelsa Marcos Benavent --a quien se los entregó el sirio-- y por el excomisario José Manuel Villarejo --este último ya habló de montaje--.
«La teoría de la conspiración --ha agregado-- es a la que aludía Eduardo cuando fui a verle a Picassent, cuando me decía 'esto me lo han montado. No puede ser'. Ahora, visto lo visto, llego a la convicción de que esto fue un montaje desde el primer momento y se creó una verdad artificial que se ha mantenido hasta hoy. No se ha buscado en ningún momento la verdad». Así, ha pedido excluir de la causa tanto los papeles del sirio como las diligencias efectuadas a raíz de los mismos por vulneración de derechos fundamentales.
Por otra parte, el letrado de Zaplana ha cuestionado las declaraciones de las cuatro personas conformadas en el procedimiento --para quienes el fiscal ha rebajado las peticiones de penas hasta los alrededor de dos años de prisión y al pago de una multa de unos 11 millones de euros-- y la del testigo Fernando Belhot, quien llegó a estar investigado en la causa.
Sobre los conformados ha manifestado «falta de transparencia» del fiscal para dar a conocer los acuerdos: «Parece que el único interés era buscar declaraciones que implicaran a Zaplana porque el fiscal sabía que la prueba que tenía era insuficiente para sostener la acusación», ha manifestado. También ha tachado estos testimonios de «poco coherentes».
Acuerdo "a la desesperada"
En relación con Belhot, el abogado ha lamentado que el fiscal se fuera a Uruguay para hablar con él y llegar a un acuerdo «a la desesperada» mientras Zaplana ingresaba en La Fe con 61 kilos y mientras su vida «peligraba». «Las redes son crueles y suelen hacer chanza pero hay un informe de marzo de 2019 en el que los médicos forenses concluyen que Zaplana se encontraba aquejado de una enfermedad muy grave que, unido a su internamiento penitenciario, entrañaba un grave riesgo para su salud por la posibilidad de contraer enfermedades infecciosas», ha manifestado.
Ha indicado que Belhot «no es un filántropo» y ha añadido: «En mis tiempos de Antidroga era frecuente que cuando los narcos sentían el aliento de la Guardia Civil tiraban la droga, no porque fueran filántropos, sino para librarse de la imputación que se les venía encima. Eso es lo que hizo Belhot: tiró la droga --el dinero-- por la borda al sentir el aliento de la justicia española, andorrana y brasileña, que también le investigaba».
«El dinero --ha añadido-- iba a ser decomisado inmediatamente porque estaba en trámite la comisión rogatoria a Suiza. Así, Belhot consiguió impunidad absoluta y salvar el dinero que se fue a sus cuentas de Uruguay. Se fue de rositas y con el dinero». «Todo lo que cuenta es claramente mentira», ha apostillado.
"no hubo manipulación"
El abogado ha dedicado otra parte de su informe a las imputaciones penales que se achacan a su cliente y se ha centrado en el delito de cohecho, que ha negado que existiera: «Si no hubo cohecho, tampoco blanqueo y, mucho menos, grupo criminal», ha aseverado.
Así, ha negado que hubiera alguna manipulación o amaño en las adjudicaciones de las ITV y de los parques eólicos: «Se adjudicaron con criterios técnicos hechos por los técnicos de las Consellerias. Zaplana no influyó en las personas que tomaron decisiones porque ellas mismas lo negaron. El presidente no decide todo. Ahí él no tenía competencias», ha sostenido.
El letrado, que ha quitado valor a las agendas de Zaplana en las que se basó la Guardia Civil para ver reuniones y posibles amaños, ha afirmado que es «absolutamente extraño» que las ITV se adjudicaran en 1997 y que no fuera hasta 2005 cuando se pagaron las presuntas comisiones por las adjudicaciones.
Sobre los parques eólicos también ha manifestado que fue un procedimiento en que «se cumplieron las normas»: «¿Que eran absurdas? No lo sé. ¿Un suicidio? Las partes que se quisieron presentar, lo hicieron, y las no adjudicatarias recurrieron y los tribunales no les dio la razón», ha recordado tras cuestionar la imparcialidad del director de la Agencia Antifraude, Joan Llinares, «quien ha hecho varios tweets contra Zaplana», ha puesto como ejemplo. Al respecto hay que recordar que hay varios informes de Antifraude que aluden a multitud de irregularidades en las adjudicaciones.
En resumen, ha manifestado: «Zaplana no favoreció a ninguna empresa ni, por tanto, recibió nada a cambio. No hay prueba alguna de blanqueo de capitales ni de que Zaplana estuviera en la sombra de las sociedades investigados o los bienes adquiridos».
En segundo término le ha tocado el turno este miércoles al letrado de Joaquín Barceló, amigo de la infancia y testaferro confeso de Zaplana, que se ha adherido al escrito del fiscal y ha señalado que no ha ocultado nada respecto al pacto de conformidad --en respuesta a Campos--. También se ha adherido al escrito del ministerio público el letrado de Juan Francisco García, exjefe de Gabinete de Zaplana. «Mi cliente se equivocó aceptando unas instrucciones y un dinero que no le correspondía. Y lo correcto era admitirlo», ha dicho.
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