Según explican fuentes de Inclusión Social a Europa Press, el modelo «sólo atenderá a 70.000 familias en toda España y, en Andalucía, a 14.000, con datos del propio Ministerio de Asuntos Sociales, Consumo y Agenda 2030». Esta situación «se agrava» con un mapa de supermercados donde comprar con las tarjetas monedero que es «claramente insuficiente», tal como sostiene la Junta. En este punto, la Administración autonómica asegura que «hay comarcas enteras que se quedan fuera», lo que «obligará a familias que no tienen ni para comer, desplazarse decenas de kilómetros».
Igualmente, la Junta alerta de que la labor de los bancos de alimentos y de las 1.300 entidades de reparto «se ponen en riesgo». Para la Administración regional, el sistema actual «ha funcionado. No es lógico cargárselo» cuando se ha atendido a más de 330.000 personas en Andalucía sólo en 2023. Por ello, en la reunión de este viernes la Junta va a «volver a reclamar al Gobierno que fije unos criterios homogéneos para acceder a la tarjeta monedero en este periodo transitorio». «Se trata de un programa estatal y, por lo tanto, los criterios y la documentación que se pida tienen que ser similares en todas las comunidades. Hay que evitar desigualdades entre territorios», han remarcado desde Inclusión Social.
Desde Andalucía se considera «clave» que el Gobierno establezca criterios comunes para «poder hacer las derivaciones a los servicios sociales comunitarios con todas las garantías y que este programa transitorio empiece bien, con todas las garantías y las dudas aclaradas». «Lo que hay ahora --continúa la Junta-- es caótico porque el Gobierno se ha quitado de en medio, no ha escuchado a las comunidades ni a las entidades del tercer sector y ha ninguneado cada una de sus aportaciones».
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha convocado un Consejo Territorial Extraordinario este próximo viernes 24 de mayo para evaluar la puesta en marcha del sistema de tarjetas monedero que deben gestionar los gobiernos autonómicos en colaboración con la Cruz Roja Española, entidad que se está ocupando de la tramitación de manera extraordinaria hasta final de año.
El sistema de tarjetas monedero ofrece a los gobiernos autonómicos una nueva herramienta para reforzar la cartera de servicios y prestaciones con los que ya cuentan para la atención a familias en extrema vulnerabilidad. En este caso, estas familias podrán acceder a alimentos de primera necesidad a través de tarjetas monedero con las que podrán adquirir alimentos frescos y también productos de higiene en las siete cadenas de supermercados que se han adherido a este programa y que, de forma, conjunta, tienen presencia en todas las provincias españolas: Carrefour, Alcampo, Eroski-Caprabo, Spar Gran Canaria, Más y Más, Alimerka y Dinosol.
En el pasado mes de abril, la Cruz Roja Española cerró la licitación de estas siete cadenas de supermercados y se comunicó a los gobiernos autonómicos que el sistema ya estaba a su disposición para que comenzaran a identificar a las familias que cumplen los requisitos de acceso a estas tarjetas y derivarlas a Cruz Roja. El Ministerio aseguraba hace unas semanas en un comunicado que también ha respondido a las cartas enviadas por algunos gobiernos autonómicos en base a esta cuestión y, finalmente, se ha convocado el Consejo Territorial Extraordinario en el que se va a evaluar la puesta en marcha de este sistema por parte de las comunidades autónomas. Además, el 30 de mayo se va a celebrar una Comisión Delegada de Servicios Sociales y el 17 de junio se celebrará el Consejo Territorial Ordinario.
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha pedido «colaboración» a las comunidades autónomas para que el nuevo modelo de tarjetas monedero esté a «pleno rendimiento» a partir del 1 de enero de 2025, cuando las comunidades asumirán la gestión «en exclusiva» de este nuevo servicio. El Gobierno andaluz ha alertado de que este nuevo sistema deja «fuera» a 280.000 andaluces.
Bustinduy ha reconocido que «es normal que en una fase de transición como la actual surjan dificultades, pero lo lógico, lo sensato y lo que esperan los ciudadanos es que todas las administraciones colaboramos para que esa transición funcione de la mejor manera posible y que el sistema a partir del 1 de enero pueda funcionar a pleno rendimiento», momento en el que las comunidades asumirán en su integridad la gestión.
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