Se indica que dicha transferencia vendrá «necesariamente acompañadas de la liquidación de la deuda pendiente a la comunidad autónoma y de la correspondiente asignación de recursos económicos y humanos a la misma por el coste real y suficiente de la asistencia sanitaria que se presta a las personas reclusas y que son responsabilidad de la administración penitenciaria, garantizando la sostenibilidad del sistema sanitario público».
Asimismo, se insta a la Junta a reclamar al Gobierno que se eliminen los contratos por los que se ha externalizado la asistencia sanitaria en atención primaria en los centros penitenciarios de Andalucía.
Según el PP-A, a día de hoy, no se ha cumplido el mandato legal establecido en la disposición adicional sexta de la Ley de Calidad y Cohesión del Sistema Nacional de Salud sobre la citrada transferencia, lo que ha ocasionado «importantes deficiencias y repercusiones negativas para la igualdad y equidad en relación a la salud, pero también en la organización de los servicios de salud a la población reclusa».
«Los responsables y profesionales de la sanidad penitenciaria están firmemente convencidos de la necesidad y de las ventajas de integrar la sanidad penitenciaria en los servicios de salud de las comunidades autónomas», según el PP-A.
Añade que esta constatación debe llevar a impulsar desde la administración general del Estado y desde la Junta el mandato «legal establecido» y abogar por una asistencia integrada que busque la equidad y la normalización de la sanidad penitenciaria, y la superación de desigualdades.
Sin comentarios
Para comentar es necesario estar registrado en Ultima Hora
De momento no hay comentarios.