El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) llevará al alcalde de Carboneras (Almería), Salvador Hernández (CS), ante la Fiscalía para que determine la posible comisión de un delito de desobediencia si en un nuevo plazo de diez días no aporta «certificación» de que el PGOU en vigor «cumple debidamente» la sentencia que le obliga a calificar el paraje de El Algarrobico donde se levanta el hotel de Azata como «suelo no urbanizable» y «de especial protección».
En su último auto, consultado por Europa Press, la Sala requiere de nuevo al Consistorio carbonero el contenido del instrumento de planeamiento «vigente» en «aquello que sea expresivo del debido cumplimiento» de la resolución judicial, que es firme desde 2018, después de que no respondiera a la petición que el alto tribunal andaluz hizo el pasado 8 de mayo.
En este sentido, hace una «expresa advertencia» dirigida al primer edil carbonero en la que asegura que, en el caso de «persistir» en el «incumplimiento» del requerimiento acordado y «no expresar las razones por las que no pueda ser atendido», el asunto será puesto en manos del Ministerio Fiscal para que determine una posible «responsabilidad penal» ante un presunto delito de desobediencia.
Fue la representación procesal de Greenpeace la que volvió a dirigirse al tribunal el pasado 29 de mayo, una vez superado el plazo otorgado al Ayuntamiento, para incidir en la «falta de cumplimiento» del requerimiento hecho a principios de mes.
La entidad ecologista solicitaba que se obligara al Ayuntamiento de Carboneras a «cumplir en sus debidos términos» con la sentencia que le obliga a restituir la legalidad de los suelos protegidos tanto en El Algarrobico como en el Canillar, ambos en el municipio.
En su escrito apremiaba además a la «ejecución forzosa» de la sentencia de origen ya que la tramitación de la pieza destinada a dar cumplimiento a la sentencia y conseguir que el Algarrobico figure como «no urbanizable» en el plan general de Carboneras acumula «tres años». «Estamos exactamente igual que en 2021», lamentaban al respecto.
De otro lado, Greenpeace también hacía referencia en su escrito a que tanto el sector ST-1 como ST-2, correspondientes al Algarrobico y El Canillar, figuran también como «urbanizables» en la web sobre consulta de planes urbanísticos y territoriales de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía.
Con ello, la representación del colectivo incidía en que el órgano competente para aprobar definitivamente la modificación de un PGOU es la citada consejería en base a un decreto aprobado febrero de 2014 por el Consejo de Gobierno de la Junta, de la que interesa que tramite dicha modificación ya que ambos sectores «debieron de clasificarse como espacio protegido hace 30 años».
Pide a la junta que se pronuncie
Respecto a estas observaciones, la Sala de lo Contencioso-administrativo de Granada concede en el mismo auto a la Junta de Andalucía un plazo de diez días para emitir alegaciones y para que, en cualquer caso, indique «el estado de la tramitación que estuviese pendiente en dicha Consejería» con respecto a los suelos.
El TSJA reiteraba en su anterior pronunciamiento, por el que rechazaba el recurso de Greenpeace, que «no ha sido declarada la nulidad» de la «mera actuación formal» realizada por el Ayuntamiento, en alusión al acuerdo de pleno de abril de 2023 por el que se desclasificaba como urbanizable el sector ST-1 o Algarrobico.
Así, sostenía que cualquier «alegato de incumplimiento que se plantee ahora» habría de estar referido, «en su caso, al contenido del planeamiento actualmente vigente» en Carboneras, por lo que volvía a pedir al Ayuntamiento la certificación del mismo en lo que se refiere al suelo sobre el que se alza el hotel de Azata.
Los colectivos ecologistas mantienen que el TSJA sí «anuló» en un auto dictado el pasado mes de marzo el acuerdo del pleno municipal «que simulaba haber cumplido la sentencia sin haberlo hecho» y consideran que citado pleno «fue una maniobra dilatoria más para eludir la modificación del PGOU».
Greenpeace apunta que, al anularse a instancia de la Junta andaluza el acuerdo de pleno de abril de 2023, «se ha vuelto a la situación de ilicitud» ya que, «a fecha de hoy, los terrenos del Algarrobico han vuelto a clasificarse como urbanizables en la normativa urbanística municipal».
El colectivo conservacionista quiere «evitar» que el Ayuntamiento de Carboneras, «aprovechando que los terrenos han vuelto a ser urbanizables», tramite el expediente y concluya «que no se puede anular la licencia de obras debido a que en el PGOU El Algarrobico es urbanizable» y remarca que Azata, consistorio y Junta «ya utilizaron este mismo argumento en otros pleitos».
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