Una concentración celebrada este jueves a las puertas del Palau de la Generalitat, en València, y convocada por la Plataforma per l'Ensenyament Públic, ha criticado la aprobación de la ley de libertad educativa en Les Corts Valencianes, ha considerado que esta norma es un «enorme retroceso», y ha reclamado la dimisión del conseller de Educación, Universidades y Empleo, José Antonio Rovira.
Junto a la protesta en la plaza de Manises, el colectivo que integra a sindicatos y asociaciones de padres y madres también ha organizado sendas concentraciones frente a las delegaciones del Consell en Alicante y Castelló, en una jornada, a su juicio, «muy oscura» para la enseñanza, la lengua y la cultura valenciana porque la nueva ley «minimiza el valenciano y lo arrincona a la mínima expresión».
En torno a las 18.00 horas, los asistentes a la concentración de València han comenzado a lanzar proclamas como «Educació pública, de qualitat i en valencià», «La llengua no es toca», «Retallades no, valencià sí», «No és cultura, és censura», «Sense valencià perdem la identitat» o «Li diuen llibertat i és barbaritat».
Una pancarta ha presidido la protesta con el lema 'Per l'escola pública: més inversió, més qualitat, més valencià, més dignitat'. Junto a ella, otros mensajes como 'Ni un pas enrere per la llengua', 'Estima el valencià, odia el feixisme' o 'Fora l'extrema dreta de les aules'.
Al grito de «Rovira fora de la cadira» y «Quina barbaritat, José Antonio Rovira no parla valencià», los manifestantes han pedido la dimisión del conseller de Educación, Universidades y Empleo tras la aprobación de una ley que, según ha denunciado la Plataforma, «prohíbe el uso vehicular del valenciano en las comarcas con predominio lingüístico del castellano».
"rompe con el trabajo pedagógico"
En la lectura del manifiesto, la Plataforma per l'Ensenyament Públic ha señalado que la normativa aprobada este jueves en Les Corts Valencianes, con el apoyo del Partido Popular y Vox, «fomenta la exención de la asignatura de valenciano». «La ley rompe con el trabajo pedagógico en los ciclos, ya que pueden existir cursos con lenguas base diferentes dentro de un mismo ciclo, lo que dificulta la aplicación del banco público de libros», ha lamentado.
En este sentido, el manifiesto ha lamentado que la elección de la lengua base «no depende de criterios sociolingüísticos ni pedagógicos ni de interés del alumnado». «Los centros que no lleguen a los porcentajes necesarios no tendrán enseñanza en la lengua escogida por las familias, no hay libertad de elección», ha precisado.
Del mismo modo, ha censurado que la ley elimina el requisito de capacitación lingüística para el profesorado de enseñanzas de régimen especial y que se establecen certificaciones de niveles de valenciano con carácter retroactivo desde 2009, «como si los centros educativos estuvieran pensados para certificar idiomas», ha criticado.
«Se prohíben los planes experimentales que permitían incrementar el uso vehicular del valenciano y se sustituyen para aumentar el inglés. No hay ninguna medida de discriminación positiva hacia el valenciano para revertir la minorización lingüística», ha subrayado.
"no prioriza la lengua minorizada"
Por su parte, el portavoz de la Plataforma per l'Ensenyament Públic, Rubén Pacheco, en declaraciones a los medios de comunicación, ha acusado a la Conselleria de Educación de haberse «sacado de la manga» las certificaciones de idiomas como «un jugador de poker que hace trampas».
En esta línea, ha señalado que «no se vigila el correcto nivel de los dos idiomas --castellano y valenciano-- en los menores». «Es más fácil que tengan un mejor nivel de inglés, porque sí que está bien cuidado en esta ley y no como le ocurre a la lengua valenciana», ha apuntado.
Ante la aprobación de la ley de libertad educativa, Pacheco ha anunciado la voluntad de «impugnar» la legislación en «todos los ámbitos donde sea posible», incluido el judicial: «Es evidente que ataca de manera muy clara el Estatut d'Autonomia, porque no prioriza la lengua minorizada, que es el valenciano».
«El profesorado que quiera presentar proyectos en valenciano no tendrá ningún tipo de puntuación extra en los concursos. En cambio, quien presente proyectos en inglés sí que los tendrá», ha lamentado, al tiempo que este criterio es «contrario a la Constitución y al Estatut d'Autonomia».
"enorme retroceso"
Del mismo modo, la presidenta de Escola Valenciana, Alexandra Usó, ha calificado la ley de libertad educativa de «enorme retroceso» para el valenciano frente a la «emergencia lingüística», ya que ha afirmado que sistema educativo público «garantizaba la cooficialidad de las dos lenguas». Asimismo, ha cargado contra el distrito único «segregador» y ha pedido que no se implemente el próximo curso. «Realmente, esta ley es de libertad educativa para no estudiar el valenciano», ha lamentado Usó.
Además, el portavoz de Educación de Compromís en Les Corts, Gerard Fullana, en declaraciones a Europa Press, ha asegurado que la ley «busca la confrontación educativa» y va «en contra del valenciano», al tiempo que «vuelve a dividir en guetos las escuelas». «Quieren recuperar los guetos racistas en los que se había convertido las líneas en castellano. No les interesa la educación, lo único que quieren es segmentar para intentar dividir a la sociedad y obtener un rédito político de este conflicto», ha criticado.
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