Litoral valenciano | GVA

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La coalición Compromís, a través de sus colectivos locales afectados, ha presentado una batería de alegaciones al Anteproyecto de la «mal llamada» Ley de Protección y Ordenación del Litoral, presentada por el Consell de PP y Vox, por ser una normativa «arbitraria, que desprotege el litoral y abre la puerta a la especulación urbanística».

Desde Alicante, Gandia, Dénia, Bellreguard, Sagunt, Meliana, Cullera, Altea y El Campello, Compromís ha mostrado la «profunda preocupación» por las consecuencias que supondría la aplicación de lo recogido en el Anteproyecto de ley de la Costa elaborado por la Conselleria de Medio Ambiente y Territorio y así lo han remarcado usando el periodo de alegaciones al texto, cuyo plazo acaba mañana, 1 de julio.

Paula Espinosa, diputada de Compromís en las Corts, ha lamentado en un comunicado que este anteproyecto haya sido redactado «obviando la normativa vigente que protege el litoral valenciano».

Espinosa ha recordado que el Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral (PATIVEL) ya protege 7.500 hectáreas del litoral «y ha sido ampliamente avalado desde el punto de vista jurídico», por lo tanto «no cuela que lo que busque el gobierno de Mazón sea, como dicen, la seguridad jurídica. Además, el PATIVEL ya establece un marco conciliador con la actividad económica más habitual en el litoral», ha subrayado.

Falta de concreción y definición

Compromís, en sus alegaciones, considera que el texto está «plegado de ambigüedades» y «ni siquiera dota de seguridad jurídica a los afectados por los deslindes que, a priori, era uno de los objetivos marcados por el Gobierno de Mazón».

La coalición asegura que la utilización del término «valor etnológico indubitado» en referencia a los núcleos costeros «tradicionales», resulta «excesivamente difuso y provoca arbitrariedad» a la hora de determinar qué núcleos lo tienen y cuáles no.

Según la parlamentaria, «se corre el riesgo más que obvio de profundizar en la inseguridad jurídica y en la incertidumbre que sufren las propiedades ubicadas en estos lugares, generando un perjuicio todavía mayor».

Compromís concluye que el Anteproyecto es una «copia» de la Ley 4/2023, de 6 de julio, de ordenación y gestión integrada del litoral de Galicia. Espinosa ha explicado cómo, «con una simple lectura comparativa aflora esa similitud, llegando a contradecir argumentos de la propia ley. Es significativo, por ejemplo, que la zonificación de suelo que se propone sea íntegramente coincidente con la normativa gallega, a pesar de haber remarcado que la costa valenciana y la Cantábrica o Atlántica no tienen nada a ver», ha dicho.

Por el contrario, la normativa vigente que se pretende derogar con esta propuesta sí que parte, de manera argumentada técnicamente y científica, de esa singularidad en tanto en cuánto analiza el territorio de manera integrada y lo dota de una regulación de acuerdo con la realidad socioeconómica, territorial y medioambiental, ha aseverado.

"obvia" la adaptación al cambio climático

Compromís denuncia también que con el texto presentado, el gobierno de Mazón «demuestra que vive de espaldas al problema real que representa el cambio climático, en un momento de emergencia climática, donde el litoral es uno de los primeros enclaves en sufrir sus consecuencias y es urgente acelerar las acciones climáticas».

«En cambio, desde el Gobierno de Mazón se decide poner el freno y dar marcha atrás a las políticas de acción climática sobre el litoral. De hecho, esta norma parece únicamente y en exclusiva redactada para encontrar un encaje más laxo a la actividad económica y la propiedad privada que a proteger nuestro litoral», ha lamentado.