El Institut d'Estudis d'Autogovern (IEA) ha avisado de que la falta de revisión del modelo de financiación tiene «consecuencias graves» para las finanzas de los gobiernos autonómicos y, en consecuencia, para la calidad de los servicios que ofrecen a los ciudadanos.
Así se recoge en el informe de 2023 que se ha presentado este jueves, y que consta de unas 430 páginas, en que se constata que el modelo de financiación autonómica «no se está cumpliendo como fue pactado», y ha apuntado que la revisión quinquenal no se ha llevado a cabo pese a estar prevista en la ley.
También indica que el modelo de financiación autonómica no es favorable para Catalunya y tiene «muchos defectos», y destacan que no se cumple el principio de ordinalidad: ocupa la segunda posición por los recursos que le proporciona su capacidad fiscal, y después de aplicar los diferentes fondos, ocupa la novena posición.
El informe cree que el modelo actual adolece de insuficiente autonomía financiera, y tras recoger que una parte de ingresos de los gobiernos autonómicos procede de la participación en tributos gestionados por la Administración central --IRPF, IVA e impuestos especiales--, apunta que esto puede traducirse «en retrasos en las transferencias de recursos, dificultades de acceso a la información tributaria y falta de implicación autonómica en la lucha contra el fraude fiscal y la evasión» que pueda afectar a su territorio.
Desequilibrio vertical
Tras 14 años de vigencia del modelo, el IEA opina que hay «una situación de desequilibrio vertical en detrimento de las comunidades» por la no activación de los mecanismos previstos para corregirlo, como la revisión quinquenal de sus elementos estructurales.
Aunque se debería garantizar que las autonomías proporcionaran un nivel parecido de servicios con un esfuerzo fiscal similar, el informe subraya que, más allá del Fondo de Garantía de los Servicios Públicos Fundamentales, existen otros tres (fondo de suficiencia global, el de competitividad y el de cooperación) que «distorsionan la pauta redistributiva establecida por el mecanismo nivelador, poniendo en peligro el principio de equidad inicial».
Además, señala que el modelo descentralización fiscal presenta problemas derivados del régimen de funcionamiento del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), por la falta de organismos permanentes --según el IEA-- que faciliten la relación horizontal entre los gobiernos autonómicos, y por el hecho de que el Senado «no sea una verdadera cámara de representación territorial».
Sequía, educación y vivienda
El informe sitúa la sequía, la calidad del sistema educativo y la vivienda como las tres problemáticas que ha tenido que afrontar la acción del Govern, y sostiene que los resultados del informe PISA supusieron un «duro revés» para el Ejecutivo catalán, mientras que destaca la declaración de la emergencia por sequía y la aprobación de un decreto para frenar la proliferación de apartamentos turísticos.
Recalca la «significativa disminución» del uso de los decretos ley por parte del Govern, ya que en 2022 se aprobaron 17 decretos y en 2023 el Ejecutivo catalán aprobó cuatro, y ha atribuido esta diferencia al impacto de la pandemia en 2022.
Autogobierno "insuficiente"
El texto sostiene que en Catalunya hay «una mayoría muy amplia que no está satisfecha con el encaje actual de Catalunya en España y que cree que el nivel de autogobierno en Catalunya es insuficiente», pero también constata que no hay consenso sobre un modelo alternativo, tras lo que asegura que las opciones que tienen más apoyo son la de incrementar la autonomía en el marco actual, la transición a un modelo federal y la independencia.
Ha constatado que el apoyo a la independencia de Catalunya se ha estabilizado: «Después de los años más intensos del procés, ha habido una cierta bajada del apoyo a la independencia pero no se observa una vuelta a niveles previos a 2012», y ha añadido que hay un porcentaje significativo de partidarios de la secesión que se ha convertido en estable y estructural en la opinión pública catalana.
El informe apunta a que hay «una mayoría clara de la población a favor de la negociación política sobre la cuestión territorial», tanto entre los partidarios de la independencia como de los de la unidad del Estado.
También considera muy mayoritario el acuerdo social que hay para la celebración de un referéndum sobre el futuro de Catalunya, y ha recordado que en el último barómetro que se preguntó había un 73% de encuestados favorables a un referéndum (el 45% estaban muy de acuerdo y el 28% bastante de acuerdo).
Catalán
Sobre el catalán, el documento hace hincapié en el aumento del conocimiento de la lengua entre el 2011 y 2021, año en el que 13 millones de personas entendían el idioma dentro del territorio español y 11,5 millones sabían hablarlo, mientras que más de 4,8 millones lo consideraban primera lengua.
Sin embargo, también apunta a la disminución «preocupante y creciente» de su uso entre jóvenes y niños, así como las dificultades para penetrar en el mercado audiovisual, aunque pone en valor el incremento presupuestario por parte del Govern en subvenciones en traducción, difusión de cine y producción catalana.
Sobre la actividad del Estado, destaca la ley de 2023 que garantiza la no-discriminación por razón lingüística en las universidades, la reforma para reconocer el derecho de los diputados a utilizar cualquier lengua de carácter oficial durante sus intervenciones en el Congreso de los Diputados y su impulso a nivel europeo, tras solicitar que catalán, euskera y gallego pasen a ser lenguas oficiales en la Unión Europea.
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