Según han informado la Policía Nacional, la organización desarticulada organizaba transportes de sustancia estupefaciente mediante vehículos -?principalmente cocaína y hachís-- y tenía un marcado carácter itinerante, realizando múltiples desplazamientos a diferentes países para dificultar las pesquisas policiales.
La investigación patrimonial ha revelado que el principal investigado y su mujer eran propietarios de numerosas viviendas y locales comerciales por valor de más de 3.000.000 de euros.
Además de las cuatro personas detenidas, se han realizado registros simultáneos en España, en concreto dos, en las localidades malagueñas de Fuengirola y Benalmádena; y en la ciudad neerlandesa de Tilburg, fruto de los cuales se han intervenido 52 kilos de hachís, 50 kilos de MDMA, diferentes cantidades de cocaína, ketamina y anfetamina, 330.000 euros en efectivo y dos armas de fuego, entre otros efectos.
La investigación se inició el pasado mes de febrero cuando los agentes tuvieron conocimiento de la existencia de una organización criminal internacional, asentada en diferentes localidades de la provincia de Málaga, presuntamente vinculada con el envío de grandes cantidades de estupefacientes.
Las primeras pesquisas acreditaron que el entramado, compuesto por ciudadanos italianos y neerlandeses, se dedicaba supuestamente a preparar diferentes transportes de droga mediante vehículos ?-principalmente cocaína y hachís-- actuando desde España, Italia y Países Bajos.
Tras varias gestiones policiales, los agentes constataron que la organización investigada tenía un marcado carácter itinerante. En este sentido, sus miembros realizaban numerosos desplazamientos a diferentes países para dificultar las pesquisas, han señalado desde la Policía Nacional en un comunicado.
Paralelamente, la investigación patrimonial reveló que el principal investigado y su mujer eran propietarios de numerosas viviendas y locales comerciales por valor de más de 3.000.000 de euros, por lo que se procedió a la prohibición de enajenación de los mismos. Asimismo, el entramado disponía de varias empresas legales que empleaba para blanquear el dinero procedente del tráfico de drogas.
Finalmente, y en colaboración con las autoridades policiales neerlandesas, a mediados del mes de junio se realizó la explotación de la operación de forma simultánea en ambos países, practicándose dos registros en las localidades malagueñas de Fuengirola y Benalmádena y varios en Tilburg (Países Bajos).
Como resultado de los registros, los agentes intervinieron 52 kilos de hachís, 50 kilos de MDMA, dos kilos de cocaína y diferentes cantidades de ketamina y anfetamina. Asimismo, incautaron 330.000 euros en efectivo, tres vehículos, tres relojes de alta gama, numerosos aparatos electrónicos, dos armas de fuego y gran cantidad de documentación relacionada con los hechos investigados.
La operación ha finalizado con la detención de los cuatro miembros de la organización criminal por la presunta comisión de los delitos de tráfico de drogas, blanqueo de capitales, tenencia ilícita de armas y pertenencia a organización criminal.
Agentes de la Policía Nacional Española, con el apoyo de Europol, llevaron a cabo esta operación conjunta en colaboración con las autoridades de Países Bajos y alineada con la Estrategia de Seguridad de la Unión Europea.
Dicha estrategia se enfoca en cuatro puntos clave, como son establecer un entorno de seguridad preparado para el futuro, combatir las amenazas emergentes, proteger a los ciudadanos europeos del terrorismo y la delincuencia organizada, y forjar un robusto ecosistema de seguridad europeo.
Para lograr estos objetivos, la Dirección General de Migración y Asuntos de Interior de la Comisión Europea (DG HOME por sus siglas en inglés), junto con las agencias de la UE y fondos específicos de la UE, como los Fondos de Seguridad Interna (ISF por sus siglas en inglés), respaldan a los estados miembros en la lucha contra las amenazas criminales mediante operaciones coordinadas dirigidas a desmantelar las redes criminales y sus modelos de negocio.
Las intervenciones efectuadas bajo este esquema han sido cofinanciadas por la Unión Europea, como parte del apoyo a los Estados miembros para combatir las redes delictivas que constituyen las amenazas más significativas para la seguridad de los ciudadanos de la UE y de la Unión en su conjunto.
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