La consejera de Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, Carmen Susín, ha participado por videoconferencia en esta reunión, junto a la directora general de Inclusión Social y Voluntariado, María Charte.
Acerca de la modificación del Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, Susín ha lamentado que «el Gobierno de España no quiere negociar ninguna propuesta con nadie más allá de sus socios habituales».
Además ha criticado que el borrador con la propuesta del Ministerio al respecto ha sido remitido a las comunidades autónomas con muy poco margen para poder estudiarlo, en la mañana de este lunes.
«Se están planteando reformas que afectan a actuaciones que competen a las CCAA, como los informes de arraigo y esfuerzo, los informes de contratación en origen o los de escolarización, y se ha hecho a espaldas de quienes tenemos esas competencias», ha asegurado Susín.
Aragón, junto a otras regiones ha exigido, de nuevo, que se convoque la Conferencia de Presidentes para «consensuar una política migratoria de Estado» que aborde el control de fronteras y que plantee acciones en los países de origen de las personas migrantes y que el Ejecutivo central reclame, además que se activen mecanismos europeos en materia de inmigración.
"nefasta" gestión migratoria
Carmen Susín ha definido como «nefasta» la gestión migratoria que está llevando a cabo el Gobierno central, consecuencia de una «falta de planificación, transparencia y de información».
Ante este escenario, Aragón ha pedido que se declare el estado de emergencia migratoria: «Se están habilitando recursos de acogida sin coordinarse con los territorios», ha lamentado, «hasta el momento son las entidades del tercer sector las que informan de la apertura de nuevos dispositivos en el territorio, pero el Estado no informa ni de los inmuebles que tiene, ni de la llegada de nuevos cupos de personas».
«Sin diálogo con las CCAA y sin recursos económicos y materiales no será posible construir una política migratoria sólida», ha expresado la consejera de Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, que ha deplorado que este martes en el Congreso vaya a comenzar la tramitación de un texto que se basa «en la imposición y no en el diálogo» que «desoye lo que la mayoría de las Comunidades tenemos que aportar».
Susín ha recordado que las políticas de integración de las personas migrantes son competencia de las comunidades autónomas y ha reclamado una mayor financiación para los programas e itinerarios de inclusión social.
En la sesión las CCAA, incluido Aragón, han puesto de manifiesto que una vez finalizado el programa de acogida humanitaria de refugiados de la guerra de Ucrania son las comunidades autónomas las que están atendiendo con fondos propios a estos desplazados, sin ningún apoyo por parte del Gobierno central.
Menores no acompañados
El orden del día de la reunión ha incluido sendos informes sobre la situación migratoria actual y acerca de la planificación en la gestión y respuesta a la llegada de personas inmigrantes a las costas españolas y también cuestiones relacionadas con la colaboración y cooperación en materia de inclusión de las personas migrantes.
Respecto a la situación de los jóvenes extutelados por el Gobierno de Aragón, Susín se ha referido al programa 17+ para menores migrantes no acompañados que coordina el Instituto Aragonés de Servicios Sociales y que cuenta en la actualidad con más de un centenar de participantes a los que acompaña en su transición a la vida adulta una vez alcanzan la mayoría de edad y, en ocasiones, hasta los 23 años.
El plan de respuesta del Gobierno de España sólo financia el primer año de atención y estancia de los menores migrantes que arriban a Aragón; el resto de ese proceso lo asume el Gobierno autonómico, una cuestión sobre la que Susín ha vuelto a demandar «corresponsabilidad y altura de miras» al Ejecutivo de Sánchez, como ya ha hecho en otras Conferencias Sectoriales y también en la de este lunes.
«En todas estas cuestiones no caben las negociaciones en el último minuto; hay que afrontar la crisis migratoria como un asunto de Estado y no desde la urgencia de un Gobierno abonado al 'ordeno y mando' que se niega al diálogo», ha concluido la consejera autonómica.
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