Baldoví se persona ante la Audiencia Nacional por el "espionaje a políticos" e insta al PP a "asumir su responsabilidad"

Recientemente trascendió que la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional había informado al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que examina si se realizaron investigaciones extrajudiciales a políticos de Podemos por orden de la cúpula del Ministerio del Interior, que durante los años 2015 y 2016 se realizaron consultas en bases policiales sobre 55 diputados que formaron parte de sus candidaturas a las elecciones generales. En esa etapa, Podemos y Compromís confluyeron y Baldoví formó parte de la lista por la Comunitat Valenciana.

«Hace unas semanas conocí que había sido espiado por el gobierno del Partido Popular y me he personado. Lo hago para que todo el peso de la ley recaiga sobre aquellos que hicieron un uso partidista, indigno y antidemocrático de las instituciones y de la policía», explica el parlamentario valenciano en un comunicado.

Y recalca: «Sigo esperando que el Partido Popular pida disculpas a la ciudadanía y asuma su responsabilidad por uno de los casos de corrupción más graves que pueden pasar en democracia: el espionaje a representantes del pueblo por el simple hecho de no apoyar en el gobierno», ha añadido el síndico de Compromís.

"prácticas antidemocráticas"

Desde la coalición inciden en que el nombre del actual síndic de Compromís en Les Corts y representante de Compromís en el Congreso de los Diputado cuando se produjo el supuesto espionaje figura en la relación de políticos de la oposición a los que se les aplicaron estas «prácticas antidemocráticas». «El espionaje policial se produjo en 2016 por parte de la dirección de la Policía Nacional y del Ministerio del Interior durante el gobierno del Partido Popular», apuntan.

En este contexto, desde Compromís se considera que «el espionaje a representantes elegidos democráticamente por el simple hecho de no formar parte de la mayoría del gobierno de aquel momento se encuadra en el ánimo evidente de usar el poder del Estado para subvertir la voluntad popular mediante campañas de difamación».