El debate final de estos dos proyectos de ley se ha celebrado de manera agrupada, si bien la votación de los mismos sí se ha llevado a cabo por separado, aunque con el mismo resultado en ambos casos, con los votos a favor del PP-A y Vox y el rechazo de la oposición de izquierdas.
Estas dos nuevas universidades privadas se suman a las otras dos que el Gobierno y el Parlamento andaluz han reconocido durante esta legislatura; en concreto, la CEU Fernando III y la Universidad Tecnológica Atlántico-Mediterránea (Utamed).
En el debate de totalidad de estas iniciativas, celebrado el pasado mes de mayo, el consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, defendió que ambos proyectos «cuentan con todas las garantías legales y académicas», así como con «todos los visos de calidad».
En esa línea, remarcó que la Consejería de Universidad había recabado los informes preceptivos requeridos en el marco de la tramitación de estos proyectos, entre ellos, los del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía y los emitidos por el Consejo Económico y Social de Andalucía y por el Consejo Consultivo.
De igual modo, se dio audiencia pública a las universidades y a la Confederación de Empresarios de Andalucía, según continuó exponiendo el consejero, que remarcó que estos proyectos de ley cuentan con los pronunciamientos favorables de la Conferencia General de Política Universitaria, dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, y de la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (Accua).
Detalles de las nuevas universidades
El proyecto docente de la Universidad Alfonso X el Sabio Mare Nostrum, con sede en Málaga, tendrá carácter presencial, 'on line' y semipresencial, y su catálogo de enseñanzas estará integrado por once grados, siete másteres y tres programas de doctorado que se articularán a través de tres facultades; la de Salud y Deporte, la de Negocio y Tecnología y la de Arte y Diseño.
Por su parte, la Universidad Europea de Andalucía también impartirá docencia mediante las modalidades presencial, virtual y semipresencial, según se recoge en su propuesta. Se ubicará igualmente en Málaga y contará con tres centros; en concreto, la Facultad de Ciencias Sociales, la Facultad de Ciencias Biomédicas y Deporte y la Escuela Politécnica. Su oferta académica se concreta en diez grados, 14 másteres y tres doctorados.
Los dos proyectos de ley que se han debatido, además de regular la estructura de ambas universidades, también contemplan otros aspectos como el procedimiento a seguir para iniciar sus actividades, que deberá realizarse mediante decreto del Consejo de Gobierno, previo informe del Consejo Andaluz de Universidades (CAU).
Tras su puesta en funcionamiento deberán solicitar la implantación de las correspondientes enseñanzas universitarias y, desde la publicación de los planes de estudios de esas enseñanzas, ambas universidades dispondrán de un máximo de dos cursos académicos para iniciar la docencia.
Posicionamientos de los grupos
En el debate final de estos proyectos de ley, el diputado del PP-A José Carlos García ha defendido que estas dos nuevas universidades llegan «con todas las garantías legales» tras haber superado «escrupulosamente todos los trámites» necesarios en el marco de un procedimiento previo «exigente», de forma que cuentan «con todos los informes favorables», también del Consejo General de Política Universitaria, según ha remarcado.
Además, ha subrayado que los grupos parlamentarios han podido plantear enmiendas para «mejorar» los textos de estos proyectos de ley durante su tramitación, y el PP ha presentado algunas «para que se garantice un gasto del 5% al menos del presupuesto de estas universidades en materia de investigación, o un 3% a becas y ayudas al estudio», según ha detallado para concluir valorando que el reconocimiento de estas dos nuevas universidades es «positivo» para Andalucía y va a «servir para enriquecer nuestro sistema universitario».
El parlamentario del PSOE-A Antonio Ruiz ha advertido de que lo que se está produciendo es «un mero desembarco de sucursales de universidades madrileñas en Andalucía, y de universidades de media-baja calidad», y en ese punto ha querido dejar claro que el PSOE «no está en contra de las universidades privadas, pero exigimos que vengan a aportar calidad a nuestro sistema universitario» y, «sobre todo, que vengan a cumplir con las mismas reglas que nos hemos impuesto».
En esa línea, ha criticado que «a las públicas se les exigen unas condiciones leoninas para ofertar nuevos grados», pero «no así a las privadas», y «por primera vez habrá grados en Andalucía» como Odontología o Farmacia «con una mayor oferta en privadas que en las públicas».
Por parte de Vox, su diputado Alejandro Hernández ha considerado «gratuito» hablar ahora de «baja calidad» para definir la oferta de estas universidades, porque eso «habrá que verlo con el transcurso del tiempo, si se cumple o no con los estándares exigidos», y ha concluido defendiendo que se van a implantar en Andalucía dos universidades «reconocidas y de prestigio, con una trayectoria corta pero exitosa en otras partes de España, que van a realizar una inversión importantísima y que van a crear riqueza y empleo en Málaga», según ha destacado antes de apostillar que «Vox cree y quiere una universidad pública fuerte e independiente, pero eso no impide la coexistencia con universidades privadas al amparo de la libertad de empresa y de pensamiento, que además liberan recursos para las administraciones públicas».
La portavoz adjunta de Por Andalucía, Esperanza Gómez, ha sostenido que, «a día de hoy, muy pocos pueden negar que el paso del PP por el Gobierno» andaluz «va a dejarnos un reguero de privatizaciones sólo comparables al de Madrid» en «servicios públicos esenciales» como sanidad o educación, y ha acusado a los 'populares' de haber venido a la Junta «a cambiar para siempre el sistema universitario andaluz, que hasta hace poco más de un año estaba compuesto por diez universidades públicas y una privada» y que, tras la aprobación de los proyectos de ley a debate este miércoles, contará con «cinco universidades privadas», según ha advertido.
Por último, el portavoz del Grupo Mixto-Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha criticado el «proceso de privatización de la universidad en Andalucía» que, en su opinión, ha llevado a cabo el Gobierno del PP-A autorizando en el último año «cuatro universidades privadas», así como permitiendo que «una quinta» --en referencia a la Pontificia de Comillas-- se adscriba a la Orden Hospitalaria San Juan de Dios para impartir estudios universitarios de Enfermería en la Escuela Universitaria de San Juan de Dios con sede en Bormujos (Sevilla), y ha censurado que, mientras tanto, «no se amplían plazas en la universidad pública», forzando a los estudiantes que no pueden acceder a ella a matricularse en las privadas «previo pago de varios miles de euros».
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