Esa conclusión descansa sobre el hecho de que en ese tercio de contrataciones «obedecen a una necesidad que pudo ser previsible, programable y no sobrevenida por causa de la pandemia» por cuanto argumenta que «en muchos casos» se trataba de situaciones «que se retrotraían y eran conocidas con antelación a la crisis sanitaria».
Esta es una de las conclusiones que arroja la Cámara de Cuentas en su informe de fiscalización de los contratos gestionados por la Administración autonómica ante la crisis del Covid en el año 2020.
El organismo fiscalizador ha trabajado con una muestra de 201 contratos que sumaban un importe de 79,69 millones de euros.
Concluye en su recomendación que «una adecuada planificación de la gestión contractual hubiera permitido ejecutarlas con anterioridad, a través de procedimientos menos restrictivos de los principios de publicidad y concurrencia».
De manera que en ese caso «no queda justificado que la finalidad perseguida por el correspondiente contrato no pudo ser lograda utilizando otros procedimientos», entre los que enumera la tramitación abreviada o urgente prevista en el artículo 119 de la Ley de Contratos del Sector Público, o el procedimiento negociado sin publicidad por imperiosa urgencia.
"necesidad y proporcionalidad" en la contratación de emergencia
De esta forma entre las recomendaciones que hace la Cámara de Cuentas, que califica como «una prioridad alta», figura «emplear la tramitación de emergencia de acuerdo con criterios de necesidad y proporcionalidad, limitándola, tanto en el ámbito objetivo como en el temporal, a lo estrictamente indispensable para hacer desaparecer la situación de emergencia».
Continúa avisando a la Administración autonómica de la necesidad de que reflexione si la aspiración perseguida con la contratación de emergencia «no podía ser lograda si se acudía a procedimientos alternativos menos restrictivos de la concurrencia».
Esta conclusión forma parte de una decena de recomendaciones con la calificación de prioridad alta. Entre ellas aparece también una propuesta para que el Servicio Andaluz de Salud, «habida cuenta del volumen de contratación y de su organización logística (centrales provinciales de compras)» ponga en marcha «protocolos, procedimientos normalizados y coordinados, que den uniformidad en la tramitación de la contratación de emergencia llevada a cabo por cada centro gestor».
«Se recomienda la adquisición centralizada de productos de similares características evitando la dispersión y facilitando con ello los mejores precios», indica la Cámara de Cuentas.
Antes de esa advertencia el primer reproche que de entrada hace la Cámara de Cuentas a la Junta de Andalucía es sobre la información que el Gobierno andaluz incluye en el Registro de Contratos, por lo que apunta que en la información remitida por la Dirección General de Contratación de la Consejería de Hacienda y Financiación Europea «se han detectado incidencias que conducen a confusiones y errores en la explotación, en el tratamiento y en la calidad de los datos».
Dificultades para tener un listado definitivo de contratos
Con esa handicap de partida, el organismo fiscalizador precisa que «se ha dificultado la elaboración de un listado definitivo de contratos de emergencia Covid-19 formalizados en 2020 por las entidades que conforman el sector público andaluz», por lo que reprocha en ese caso a la Dirección General de Contratación que «no tiene implantados todos los sistemas necesarios que permitan controlar o verificar de forma previa la calidad de la información publicada, de manera que ésta sea veraz, exacta y completa».
«Debe significarse además que los errores y las incoherencias contenidos en el Registro de Contratos de la Junta de Andalucía, se han trasladado a la Memoria anual sobre la contratación pública, aprobada por la Comisión Consultiva de Contratación Pública y cuya publicidad se realizó el 30 de julio de 2021 en el Portal Junta de Andalucía, ya que para la elaboración de esta memoria se utilizan los datos contenidos en el citado Registro», continúa advirtiendo la Cámara de Cuentas.
Otros reproches que hace el organismo fiscalizador hacia el Gobierno andaluz se dirige a poner de manifiesto que sólo se publicaron un 23,8% de los contratos formalizados o que en un 57,2% de éstos no se identificaba a un responsable del contrato.
Este conjunto de observaciones críticas se enmarcan dentro de lo que la Cámara de Cuentas denomina «Opinión con salvedades», aun cuando concluye que la actividad contractual de la Junta de Andalucía y el conjunto del sector público durante la pandemia «resulta conforme, en los aspectos significativos, con la normativa aplicable».
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