Archivo - Migrante en las costas canarias. | Elena Fernández - Europa Press - Archivo

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El director general de Políticas Migratorias de la Junta de Andalucía de la Consejería de Inclusión, Jesús Toronjo, ha sostenido este viernes que «esperamos poco» de la reunión que mantendrá el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, para abordar, entre otros asuntos, la crisis migratoria en las islas y la reforma de la Ley de Extranjería para imponer el reparto de menores no acompañados entre las comunidades autónomas, que ahora es voluntario. La reforma contó con el voto negativo del PP.

En una entrevista con Canal Sur Radio recogida por Europa Press, Toronjo ha criticado la «inacción» del Ejecutivo de Sánchez en materia migratoria y ha actualizado la cifra de menores que han sido enviados a Andalucía identificados como adultos, que suman ya 513. Una situación que el Gobierno «no reconoce» pese a que la Fiscalía está «decretando» que son menores. «Es una barbaridad y la situación se repetirá» en los próximos meses, ha avisado Toronjo. Sobre el reparto de menores migrantes no acompañados, la Junta ha recordado que los centros de acogida de estos niños están al 115% de su capacidad de ocupación.

«No hay recursos. El Gobierno dejará a estos menores en la calle al cargar esta responsabilidad de manera injusta en las comunidades autónomas», ha señalado el director general de Políticas Migratorias, que ha alertado de un «colapso en cadena» de los servicios, porque, además de los centros, también quedarán desbordados los programas para jóvenes tutelados con los que estas personas, una vez cumplen los 18 años, reciben formación para lograr una autonomía de vida. «Se van a quedar en la calle porque no tendremos más recursos», ha lamentado Jesús Toronjo.

La Junta ha insistido en que la situación es «insostenible» y ha acusado al Gobierno de «mirar para otro lado». En relación con los asentamientos de migrantes en Huelva y Almería, fundamentalmente, la Administración andaluza ha recordado que lleva «más de un año llamando a las puertas del Gobierno». «Si no responden, serán responsables de que estos asentamientos se cronifiquen», ha asegurado. Para la Administración, las medidas de erradicación de los asentamientos tienen que venir desde los Ayuntamientos, que deben contar con la ayuda de las administraciones regionales, nacionales e incluso europeas.