La propia entidad conservacionista ha anunciado a través de sus redes sociales la decisión judicial, la cual han celebrado. «¡Basta ya de perseguir activistas y más perseguir a quienes destruyen la naturaleza!», han exclamado a través de un apunte publicado en su cuenta de 'X', recogido por Europa Press.
Los acusados, que durante el juicio rechazaron su participación en los hechos así como su acceso al interior del edificio puesto que, según alegaron, solo acudieron a la playa para protestar contra la construcción, se enfrentaban a un año de prisión más una multa de seis euros diarios durante 24 meses y 186.700 euros de indemnización en base a la acusación particular ejercida por la promotora del hotel, Azata del Sol, mientras la Fiscalía no veía delito.
En base a las declaraciones y pruebas aportadas durante el juicio, celebrado el pasado 17 de mayo, la juez María del Mar Alejo Rico absuelve a los acusados de los delitos de desobediencia y daños al considerar que no quedó probado que los acusados llegaran a acceder al interior del hotel, según recoge la sentencia a la que ha tenido acceso Europa Press, contra la que cabe recurso de apelación.
En la misma línea, la juez tampoco ve indicios suficientes que demuestren que los agentes que intervinieron durante la protesta se dirigieran a los acusados «conminándoles a fin de que abandonaran el lugar ni, por ende, que los acusados hicieran caso omiso a dicho requerimiento permaneciendo dentro del hotel».
La sentencia expone en sus fundamentos que a pesar de que todos los figuran identificados en el atestado efectuado por la Guardia Civil, no puede darse por probado que los mismos accediera al interior del hotel dada las «discrepancias sustanciales» que surgen del relato de cada uno de los agentes que intervinieron, ya que «ni tan siquiera» coinciden el número de personas que encontraron dentro del inmueble.
«Mientras uno de ellos depuso que se trataba de unas 150 personas, otro indicó que se trataba de 50 personas y el instructor manifestó que eran en total una veintena o treintena de activistas», expone la juzgadora quien, en cualquier caso, da cuenta de que no se «identificó en su integridad a los activistas».
Aunque la cifra aportada por el instructor del atestado se aproxima al número de acusados en el procedimiento, su testimonio «no resulta fiable teniendo en cuenta que, a diferencia de los otros dos agentes que departieron en el plenario, el mismo no formaba parte de la patrulla que llegó en primer lugar a las instalaciones del hotel».
De igual modo, destaca otras diferencias a la hora de explicar cómo fueron identificados los activistas, ya que mientras que los integrantes de la patrulla indicaron que «tomaron los datos en el interior del hotel a las personas que deambulaban por allí» sin llegar a desalojarlos para evitar una situación de peligro, el agente instructor indicó que «fueron identificando a los activistas conforme iban saliendo del hotel, señalando que tuvieron que sacarlos por la fuerza».
La juez atiende además a la versión de los acusados, quienes manifestaron, por su parte, que fueron «identificados en la playa» situada frente al hotel cuando participaban en la manifestación contra el inmueble, toda vez que algunos de ellos incluso aseguraron no pertenecer a Greenpeace ni ser activistas, «negando todos ellos haber accedido a las instalaciones del Algarrobico».
Las «dudas fundadas» respecto a lo que declararon los agentes se acentúan para la juzgadora dado que en el atestado «se hace constar que de las 30 o 40 personas que se encontraban dentro del hotel, obtuvieron la filiación de 19 de ellos sin concretar los datos de cada uno», si bien en la diligencia de identificación constan 28 personas, lo que resultaría de incluir a nueve personas más identificadas como activistas por una patrulla de la Guardia Civil de Sorbas en una furgoneta. «En definitiva, que no todos los acusados habrían sido identificados dentro del hotel».
Con respecto a estas últimas nueve personas --ocho supuestos activistas y el conductor--, la juez asegura que no hay pruebas suficientes para determinar que participaran en los hechos al no constar que llevaran monos naranja como los que emplearon quienes pintaron el hotel o camisetas con el logo de Greenpeace, ni que transportaran cubos de pintura negra ni útiles o herramientas de pintar.
La bolsa de plástico transparente vacía y un papel sobre como usar correctamente unas gafas de seguridad hallados en el vehículo suponen así un «hallazgo insuficiente a los efectos de establecer con total certeza y sin género de dudas que las personas que iban en la furgoneta tomaron parte en los hechos denunciados».
IDENTIFICACIÓN DE PERIODISTAS
La sentencia abunda en las «serias dudas» que generan las identificaciones que se practicaron por los agentes al constar en las diligencias la presencia «no solo de activistas sino, también, de periodistas de varios medios de comunicación» con mención expresa a varias cadenas, diarios y agencias de noticias «los cuales, evidentemente, no habrían tenido participación alguna en los hechos».
«Precisamente uno de los acusados, en el acto de la vista, manifestó que es periodista de profesión y que el día de autos había acudido a la playa a cubrir la noticia, lo que no ha resultado controvertido por ninguno de los agentes quienes insistieron en el acto del plenario en la imposibilidad de individualizar la concreta participación de cada uno de los acusados, ni de precisar en consecuencia qué es lo que hacían cada uno cuando procedieron a su identificación», señala la juez.
La juez tampoco descarta que alguno de los acusados pudiera ser identificado en el exterior al darse una «elevada cantidad de personas», entre las que figuraban además manifestantes en contra y a favor del hotel que, de otro lado, llegaron progresivamente hasta la playa, conforme a la versión aportada también por los acusados.
En cuanto a los acusados que se identificaron como miembros de Greenpeace, tampoco puede darse por probada su participación en los daños al hotel ya que no se ha podido determinar que los mismos fueran identificados dentro del inmueble «por lo que resulta plausible que simplemente tomaran parte en la manifestación que conforme a la versión unánime proporcionada por los acusados».
En cuanto al único miembro de Greenpeace que portaba un walkie-talkie y además un plano con una fotografía del hotel, este negó que participara como coordinador de la acción reivindicativa, toda vez que su supuesta participación reconocida a pie de playa, según el atestado, no pudo ser corroborada por los agentes que declararon en sala.
«NO NOS VAN A CALLAR»
La directora de Greenpeace España, Eva Saldaña, ha valorado la absolución de todos los acusados. «Ejercer nuestro derecho a la protesta ante los atentados al territorio, al planeta y las personas, es una herramienta imprescindible para provocar cambios y así seguiremos haciendo. No nos van a callar», ha trasladado en un comunicado.
A la espera de ver si la empresa propietaria, Azata, interpone recurso de apelación contra la sentencia, Greenpeace da por cerrado «un capítulo más en la lucha de la organización por el derribo del hotel ilegal de El Algarrobico».
Así, según han recordado, esta sentencia «se suma a las más de 40 resoluciones que le dan la razón a Greenpeace y que han declarado que la construcción del hotel fue ilegal».
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