El pleno del Consell aprobó el pasado 2 de agosto iniciar las acciones legales oportunas ante el TS para que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, convoque la Conferencia de presidentes autonómicos, entre las que se incluye interponer un recurso contra «la inactividad» del jefe del Ejecutivo.
Así lo ha señaló entonces la portavoz del Consell y consellera de Hacienda, Ruth Merino, que indicó que la Abogacía de la Generalitat había emitido un informe favorable a la presentación de este recurso contencioso-administrativo.
Al respecto, recalcó que Sánchez debe «convocar ya» la Conferencia porque además de debatir sobre la Ley de Amnistía y la financiación autonómica, como solicitaron de forma conjunta varios presidentes autonómicos en un escrito, «hay muchos temas que son transversales, que afectan a la gestión y a las competencias que tienen asumidas las comunidades autónomas y que necesitan de ese foro común» como son agua, vivienda o política migratoria.
En este sentido, explicó que, según el reglamento de la Conferencia de Presidentes, el presidente del Gobierno está «obligado a convocarla al menos dos veces al año» y no lo ha hecho desde la última reunión celebrada en la isla de La Palma el 13 de marzo de 2022.
Además, Merino subrayó que la normativa también prevé que la Conferencia pueda ser convocada por el presidente del Gobierno, por propia iniciativa, o a petición del Comité preparatorio, o de diez presidentes de comunidades autónomas y ciudades con Estatuto de Autonomía.
El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, con fecha de 24 de noviembre de 2023, mediante escrito conjunto firmado por 13 presidentes autonómicos, solicitó la convocatoria inmediata de la Conferencia para tratar sobre la entonces proposición de Ley de Amnistía y que posteriormente, en fecha 24 de abril de 2024, se volvió a enviar nuevo escrito, esta vez firmado por 14 presidentes autonómicos, «aludiendo a la necesidad de hablar también sobre el modelo de financiación autonómico».
Al respecto, el Consell considera que son «varias las cuestiones que deben tratarse en el seno de la Conferencia de Presidentes», como vivienda, agua y migratoria, que es «un fenómeno que afecta directamente a la gestión de las comunidades autónomas porque no existe una política migratoria adecuada a nivel nacional».
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