El vicelehendakari segundo y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, ha anunciado que su departamento pondrá en marcha en esta legislatura un conjunto de iniciativas destinadas a garantizar un trabajo «decente» a todos los trabajadores de Euskadi, para lo que reforzará los incentivos a la contratación, intensificará las inspecciones para evitar «abusos» en los contratos de prácticas, y promoverá «un salario mínimo de negociación colectiva que se corresponda con la realidad socioeconómica del País Vasco»
Torres, que ha comparecido ante la Comisión de Economía, Trabajo y Empleo del Parlamento Vasco para presentar los objetivos de su departamento en esta legislatura, ha anunciado, a su vez, una revisión «al alza» de «algunos» de los indicadores económicos que actualizará el Eustat el próximo 24 de septiembre.
En su intervención, el consejero ha repasado la situación de los fondos destinados a Euskadi a través de los fondos del Mecanismo de Recuperación, Transformación y Resiliencia (MRR) a fecha del pasado mes de junio. De esa forma, ha indicado que de los 2.503 millones de euros asignados, 1.241 millones lo han sido para gestión autonómica y 1.262, para gestión estatal.
En el caso de los fondos de gestión autonómica, que son los que corresponden al Gobierno Vasco, de los importes que han sido ya ingresados (1.182 millones de euros), los departamentos del Ejecutivo ya han asignado a instrumentos jurídicos en vigor o cerrados el 88% (1.039 millones), de los que el 62% (775 millones) ya han sido ejecutados.
En cuanto a los 1.262 millones gestionados por el Estado, y que tienen impacto en Euskadi, se han distribuido en la comunidad autónoma 826,5 millones de euros en subvenciones, 112,5 millones de euros en préstamos, 101 millones en Adjudicaciones Directas, y 221,6 millones en licitaciones.
Torres también ha anunciado que Eustat actualizará sus cuentas económicas el 24 de septiembre. En este sentido, ha afirmado que «a grandes rasgos», se mantendrán las últimas previsiones realizadas por este organismo estadístico, si bien «en algunos casos se revisarán al alza».
En materia laboral, ha informado de que su departamento continuará explorando, junto con los agentes sociales, la experiencia piloto de la reducción de jornada laboral sin reducción de salario; la promoción del teletrabajo; y la participación de las personas trabajadoras en las decisiones estratégicas de las empresas.
A su vez, ha explicado que el Gobierno Vasco apoyará la creación de un HUB Internacional de vanguardia en Euskadi en materia de economía social, con el fin de que visibilice a la comunidad autónoma «como referente para toda Europa» en esta materia.
El Departamento de Economía también trabajará para incluir las políticas de riesgos laborales en la educación. De este modo, intentará incluir en la educación primaria, secundaria, módulos de FP, y en los grados universitarios, «temas relacionados con la seguridad y salud en el trabajo».
A su vez, se pondrá en marcha un plan de choque para prevenir los accidentes en el sector forestal, y se adoptarán medidas para «buscar soluciones al déficit de personal» que se dedica a los riesgos laborales. Torres considera necesario la búsqueda de una vía de comunicación entre el sistema público de salud y el de salud laboral, con el objetivo de que exista una historia clínica-laboral que incluya los datos de exposición a determinados riesgos en el trabajo.
El consejero se ha comprometido a profundizar en la concertación con los sindicatos y organizaciones empresariales más representativas. Torres ha puesto en valor la Mesa de Diálogo Social, y ha expresado su deseo de que este foro «pueda ampliarse», contando con «la totalidad» de los agentes sociales.
Además, ha informado de que promoverá, en el ámbito de esta mesa «y desde el respeto a la autonomía de los agentes sociales», un salario mínimo de negociación colectiva «que se corresponda con la realidad socioeconómica del País Vasco». El consejero también ha hecho referencia a la «alta incidencia» de la conflictividad laboral en Euskadi, sobre la que ha afirmado que «no contribuye a generar un clima óptimo de relaciones laborales y de imagen de país».
La promoción del empleo y la lucha contra la precariedad será una de las prioridades del departamento. «No nos conformamos con resultados cuantitativos, debemos avanzar también cualitativamente, con un mejor empleo, con salarios justos y condiciones laborales adecuadas, para todos los ciudadanos».
Torres ha subrayado que hay que lograr «un empleo digno y decente, que posibilite el desarrollo pleno de los proyectos vitales de los trabajadores». Con ese fin, su departamento impulsará diversas medidas, entre las que se encuentra el desarrollo de un plan de convivencia intergeneracional «que elimine cualquier sesgo de edadismo».
Asimismo, ha anunciado la ampliación de las ayudas a la gestión de la edad en las empresas para facilitar el relevo generacional y evitar la pérdida de talento, así como el incremento de los programas mixtos de formación y contratación de personas vulnerables, personas paradas de larga duración, mujeres y mayores de 45 años.
A su vez, se reforzarán los incentivos a la contratación de los mayores de 55 años; se impulsarán medidas para favorecer el acceso de los jóvenes a su primer trabajo; y se intensificarán los controles «para evitar que en los programas de prácticas se produzcan situaciones de abuso».
El departamento incrementará su apoyo a los programas de empleo en el mercado ordinario para personas con discapacidad y en riesgo de exclusión. Además, impulsará acciones «para atraer a Euskadi talento innovador y tecnológico para potenciar la movilidad de estos perfiles e impulsar la igualdad de género den el ámbito de la ciencia y la tecnología». Torres ha explicado que el Gobierno Vasco también promoverá la incorporación laboral y la regularización administrativa de las personas inmigrantes que viven en Euskadi.
Otro de los campos en los que trabajará el Gobierno Vasco es afrontar las transiciones energético-climática, tecnológica y demográfica a través del impulso de programas de empleo vinculados con la economía circular, la inteligencia artificial o los cuidados.
En el ámbito de las prestaciones sociales, ha informado de que se profundizará en la «ordenación y la racionalización» de la gestión de todas las ayudas que conforman el sistema vasco de protección social. El consejero ha precisado que se avanzará en la automatización y simplificación de los procesos administrativos, así como en «la sistematización de los procesos de control e inspección».
Torres ha recordado que Ley Vasca de Empleo convierte en derecho subjetivo la orientación, formación e intermediación laboral para un empleo digno y de calidad. Con el fin de hacer efectivo dicho mandato, ha anunciado que a partir de octubre de 2024, Lanbide iniciará un plan de contingencia en sus oficinas locales que permitirá acceder a un diagnóstico de empleabilidad y a la elaboración de un plan personalizado de empleo o de mejora de empleo.
Lanbide considerará prioritarias las personas desempleadas de larga duración y/o perceptoras de Renta de Garantía de Ingresos. En esta primera fase se ofrecerá este derecho a más de 130.000 personas. Posteriormente, se ampliará la oferta de servicios al resto de las personas demandantes de servicios de empleo.
En su intervención, también ha reiterado la «complejidad» de concretar el traspaso a Euskadi de las competencias en materia de Seguridad Social contempladas en el Estatuto de Gernika de 1979, y ha vuelto a destacar que esta transferencia no implicará en ningún caso una ruptura de la 'caja única'.
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