Rincón ha hecho este anuncio durante su primera comparecencia ante la Comisión de Agricultura, Ganadería y Alimentación de las Cortes de Aragón. De esta forma, se movilizarán alrededor de 1,8 millones de euros adicionales que llegarán a los afectados que, cumpliendo los requisitos, no percibieron en su momento las ayudas por falta de fondos, unos 400, que verán ingresadas las cantidades que les corresponden en la primera quincena del mes de octubre.
Para dar solución a este problema se ha hecho un estudio de la situación «en cuya elaboración desde el minuto uno han puesto todo su conocimiento y esfuerzo tanto la Secretaría General Técnica como la Dirección General de Producción Agraria para tratar de encontrar con celeridad la solución más satisfactoria», ha detallado Javier Rincón.
Esta decisión "deja patente el compromiso del Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación de dar solución a la mayor brevedad posible a un problema sobrevenido.
Ha sido posible gracias a una modificación del Plan Estratégico de la Política Agraria Común (PEPAC)", ha apuntado el consejero durante su comparecencia.
«Los beneficiarios de estas ayudas podrán percibirlas de acuerdo con las anualidades establecidas en el PEPAC. Es decir, entre 2023 y 2027, el mismo plazo que abarca la Política Agraria Común actualmente en vigor», ha explicado Rincón. Así pues, estos agricultores se equiparan a aquellos a quienes se les concedió la ayuda anteriormente.
Más de 35 millones en cinco años
En 2022 se fijan las bases para la percepción de estas ayudas y se establece el montante económico necesario para satisfacerlas. Tanto en ese ejercicio, como en el anterior, el de 2021, se admiten nuevos compromisarios en ecológico y al comprobar esos nuevos solicitantes, así como los inscritos en el Comité Aragonés de Agricultura Ecológica (CAAE) se llega a la conclusión de que las superficies no están aumentando.
De esta forma se establecen los importes unitarios. A finales de marzo de 2023 se publica la orden de bases de estas ayudas con estos importes, pero entre junio y julio de ese mismo año se observa una mayor superficie declarada, a lo que se añade en el mes de octubre un incremento en el importe unitario de algunos cultivos.
Estos dos hechos suponen la superación del límite presupuestario anteriormente establecido. Una vez establecida la senda presupuestaria en el Plan Estratégico de la Política Agraria Común (PEPAC) 2023-2027, no resulta posible aumentarla en esta medida, por lo que, una vez finalizados los controles en 2024, se aplica el baremo establecido en caso de que el número de solicitantes superase la disponibilidad presupuestaria, generando la exclusión de algunos agricultores, pese a cumplir los requisitos en aquel momento.
La viabilidad de la decisión de modificar la asignación para las diferentes medidas agroambientales incrementando la cuantía de las de agricultura ecológica y reduciendo las medidas de bienestar animal se conoció a primeros del mes de septiembre. Ha sido en este momento cuando se ha remitido al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) la solicitud de modificación del PEPAC para poder incorporar a los solicitantes que no habían sido incluidos anteriormente.
Este cambio supondrá que, a las 806 solicitudes resueltas anteriormente, que suponen una cifra de 5,2 millones de euros, se añadirán alrededor de otras 400, por un importe anual de 1,8 millones de euros, lo que supone un desembolso total de más de siete millones de euros al año para esta línea, superando los 35 millones de euros a lo largo de toda la duración del PEPAC 2023-2027 que llegarán a más de 1.200 beneficiarios.
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