Así lo expresa en un artículo que firma junto a la exconsejera andaluza de Hacienda Carmen Martínez Aguayo (entre 2009 y 2010), publicado este domingo en elcorreoweb.es. En este sentido, se alude directamente al texto sobre financiación para Cataluña, incluido en el punto 2 del acuerdo entre ambas formaciones políticas y el «sinfín de opiniones y debates» suscitadas.
«La mayoría de ellos ha desbordado la literalidad del pacto y algunos se han adentrado en terrenos pantanosos de los que siempre es más fácil entrar que salir». En este sentido, recuerdan que «nuestros constituyentes dejaron abierta la configuración del modelo territorial a partir de una asimetría fundacional cuyo desarrollo, de abajo arriba, habría de producirse a través de los respectivos Estatutos de las comunidades».
Estatutos que serían «negociados bilateralmente» entre la autonomía correspondiente y las Cortes Generales, «sin que su regulación tuviera que ser uniforme» --sostiene--, de modo que la singularidad y la bilateralidad «estuvieron en el inicio de la configuración de la España autonómica y siguen siendo principios vigentes en la actualidad».
Los autores del artículo aconsejan «prudencia y estar a su desarrollo» puesto que el texto --dicen-- es «deliberadamente ambiguo», sin que eso «suponga obviar ahora algunas dudas que puedan anticipar debates fructíferos». Al respecto, «nos parece innecesariamente alarmista utilizar el acuerdo como un arma para golpear al Gobierno central o como una excusa para manifestar una catalanofobia, de la que solo son responsables los que padecen esa enfermedad».
En su opinión, este acuerdo «nos haya de llevar a un modelo confederal de Estado, a menos que creamos que estamos ya en él por las singularidades del País Vasco, Navarra y Canarias». Sobre el proyecto de un nuevo modelo de financiación singular para Cataluña, señalan que «parte de la existencia de una infrafinanciación histórica de esta comunidad autónoma, cuestión discutible que debe resolverse con datos más que con debates trucados y palabras gruesas».
«El proyecto no es un manual de agravios y nos parece importante destacar que no arranca de unas balanzas fiscales para llegar así a un determinado déficit fiscal de Cataluña, tal y como ocurriera en el comienzo del 'procés' con aquella falacia del 'España nos roba', no muy diferente, por cierto, a la actual de Cataluña nos pretende robar», añade el texto.
El artículo pone el foco en el hecho de que «tampoco existe una identidad entre el sistema anunciado en el acuerdo y el sistema del concierto vasco». Esgrimen para ello varias razones, entre ellas, que, a diferencia de lo fijado para Euskadi, el acuerdo catalán «respeta la potestad originaria para establecer tributos del Estado (art. 133.1. de la CE), una competencia que consideran que puede seguir siendo cedida como lo ha sido hasta la fecha, y propone asumir la gestión recaudación, liquidación e inspección de los impuestos del Estado en Cataluña, algo que está previsto en el artículo 206 del Estatuto catalán de 2006».
Referencia al estatuto de andalucía
Recuerda el expresidente andaluz que también el Estatuto andaluz de 2007 prevé, en su artículo 181.2, una delegación del Estado para crear una «Administración tributaria única en Andalucía», al tiempo que advierte que solo cabría la posibilidad de llegar a esa Agencia única en Cataluña o en Andalucía «si se parte previamente de un consorcio que garantice la presencia activa de la AEAT en la Agencia Tributaria territorial».
Asimismo, el artículo hace hincapié en que todos los modelos de financiación han partido de unas relaciones bilaterales del Estado con las respectivas CCAA «sin que haya existido un órgano multilateral decisorio, como debería haber sido un Senado reformado constitucionalmente». En este punto, subraya que el Consejo de Política Fiscal y Financiera es un órgano consultivo «en que el voto del presidente, ministro de Hacienda, equivale a la suma de todos los votos de las consejeros».
La Conferencia de Presidentes, «que es un buen foro para debatir, tampoco tiene posibilidades de encontrar acuerdos dado que éstos necesitan la unanimidad». Y, por último, siguiendo con la bilateralidad, hemos de recordar que el acuerdo catalán «confiera un papel importante a la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales Estado-Generalitat, un órgano que en nada difiere de otros similares creados en diferentes comunidades autónomas».
Solidaridad
La solidaridad es otras de las cuestiones que se plantean en el artículo, dado que la aportación de Cataluña al respecto «habrá de ser explícita y reflejarse de forma transparente» y se añade que «deberá contribuir a la solidaridad con las otras comunidades autónomas, algo también inobjetable». Esta solidaridad «ha de estar limitada por el principio de ordinalidad, cuestión muy discutible y que solo podría ser aceptable si se partiera de que los recursos de financiación no deben alterar por si solos el ranking del PIB por habitante».
«En cualquier caso, no es el pacto PSC-ERC quien ha de garantizar la igualdad, sino el Gobierno de España», concluye el artículo.
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