La jueza titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Calatayud (Zaragoza), Aída Ramírez, ha tomado declaración este martes a Miguel Ángel V.P., supervisor del CAM de Ateca (Zaragoza) cuando ocurrieron los hechos cuya causa instruye. Miguel Ángel V.P., investigado por un presunto delito de omisión de socorro, ha quedado en libertad provisional y sin fianza, aunque la juez le ha retirado el pasaporte.
Además, le ha prohibido salir del territorio nacional, le ha obligado a «comparecer en el juzgado todos los lunes de cada semana, así como cuantas otras veces fuere llamado» y también a que fije un domicilio y notifique cualquier cambio del mismo mientras el proceso judicial siga abierto.
La titular del juzgado bilbilitano ha advertido al investigado en su auto que si incumple las medidas cautelares acordadas su situación personal podría ser objeto de revisión con medidas que impliquen una mayor limitación de su libertad y que, además, podría incurrir en un delito de quebrantamiento de medida cautelar.
La Guardia Civil ha detenido este lunes a Miguel Ángel V.P. en la localidad madrileña de Móstoles, trasladándolo a Calatayud para prestar declaración ante la juez que instruye el caso. Como supervisor, formó parte del equipo de dirección del centro desde junio de 2017 hasta junio de 2024, ha informado el TSJA en una nota de prensa.
La instructora entiende --y así lo expresa en el auto, dictado al término de la declaración del detenido--, «que existen indicios racionales y suficientes de criminalidad para imputarle la posible comisión de un delito de omisión del deber de socorro, lesiones, torturas, contra la integridad moral y agresión sexual a menores de edad, estos últimos en calidad de cooperador necesario», indicios éstos que, ha añadido la juez, «deben ser objeto de investigación a lo largo de la instrucción».
Además, no aprecia riesgo de fuga en el investigado, ni posibilidad de actuar contra bienes jurídicos de las víctimas --menores-- «ya que está jubilado y no trabaja con menores».
«Tampoco se ha acreditado una persecución o comunicación con posibles víctimas para disuadirlas en su actuación o influir en ellas; finalmente, tampoco se aprecia riesgo de destrucción de fuentes de prueba» y, además, el Ministerio Fiscal no ha solicitado la prisión provisional.
La investigación judicial por delitos cometidos contra menores en el CAM de Ateca dio comienzo tras la denuncias presentada por dos menores residentes del centro, de 16 y 17 años de edad. En la actualidad el número de denuncias presentadas por menores del centro por estos hechos es de 19, presentadas ante la Guardia Civil y que ahora están siendo objeto de investigación en el juzgado.
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