Así lo ha señalado a los medios la fiscal superior antes de participar en la comisión de Justicia, Administración Local y Función Pública del Parlamento de Andalucía para presentar a los parlamentarios la Memoria de la Fiscalía de 2024, correspondiente al ejercicio 2023.
«Los fiscales lo que pedimos que se eleven las penas en los delitos logísticos, en todo lo que tiene que ver con la logística del narcotráfico, como puede ser el transporte y el depósito de la gasolina para el abastecimiento de las narcolanchas o la defraudación de fluido eléctrico cuando está relacionada con el tráfico de drogas», ha manifestado a este respecto Ana Tárrago.
En ese sentido, ha comentado que la Fiscalía «se esfuerza» en trabajar contra estas organizaciones criminales, aumentado para ello la investigación en las causas relacionadas con el blanqueo de capitales, al considerar que ahí es «realmente donde se puede hacer mayor daño» al narcotraficante, al poner el foco en «el patrimonio que se ha obtenido ilícitamente».
«En realidad serían todo esto pasos para intentar conseguir el desmantelamiento» de estas organizaciones vinculadas al narcotráfico, tal y como ha señalado.
Durante su intervención, la fiscal superior ha advertido que «cada vez se van asentando» en la comunidad andaluza las organizaciones criminales relacionadas con el narcotráfico y con la trata de personas migrantes, además de demostrar --las del narcotráfico-- «mayor violencia para dominar el territorio y mayor violencia contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado», en alusión al «horror» vivido el pasado mes de febrero con el asesinato de dos guardias civiles en Barbate.
Sobre el depósito y decomiso de embarcaciones de alta velocidad destinadas al narcotráfico, ha apuntado a que «el problema» que se tiene está relacionado con el «habilitar espacios» para almacenar estas embarcaciones, que en el segundo semestre de 2023 ha experimentado un aumento de incautaciones. Así, ha indicado esas narcolanchas son «muy difícil» de poder reutilizarse «para interés público» porque «habría que adaptarlas ya que están totalmente de forma ilegal como están fabricadas».
Sobre la necesidad de aumentar medios de la Fiscalía para investigación de causas tal y como se reclamaba en la memoria del año anterior, Ana Tárrago ha asegurado que decir que «tenemos medios suficientes sería una torpeza por mi parte» ya que ha acudido a la comisión parlamentaria «a pedir es más herramientas para hacer mejor nuestro trabajo», por lo que «siempre pedimos medios».
No obstante, ha hecho referencia al plan de infraestructuras que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, que es «bastante ambicioso» y que en temas de infraestructuras «mejoraría». Además, ha apuntado a que el lunes próximo, día 30, hay una comisión mixta entre la Consejería de Justicia y la Fiscalía de la Comunidad Autónoma para «afrontar todo el tema de transformación digital» que es «ahora lo que más nos preocupa».
Cabe recordar que la Fiscalía de Andalucía, Ceuta y Melilla ha advertido en su Memoria que los juzgados de la provincia de Cádiz, especialmente los mixtos y los del Campo de Gibraltar, Barbate y Chiclana de la Frontera, están «desbordados por volumen de trabajo, macrocausas vinculadas con el narcotráfico y notorias deficiencias de medios personales», lo que junto a lo «anacrónico» del sistema procesal, «origina grandes dilaciones que dan lugar a la paralización de las causas, llegando en ocasiones a la prescripción, o por vía de las atenuantes, con frecuencia muy cualificadas, a importantes rebajas de las penas».
Más menores de 14 años implicados en delitos
Por otro lado, la fiscal superior ha alertado del aumento, en cuanto a la gravedad de los hechos, que se está dando en menores responsables penalmente de delitos como homicidios y asesinatos y que son «inimputables» y no tienen responsabilidad penal al ser menores de 14 años de edad.
«Nos preocupan tanto los menores víctimas como los menores agresores», ha asegurado Ana Tárrago, quien ha puesto el foco en que «este año» las generaciones «del siglo 21» en edades «demasiado tempranas» se acercan a la justicia penal y esto «nos preocupa porque en los menores que son inimputables han aumentado la comisión de hechos delictivos aunque no sean especialmente graves».
La fiscal superior también ha destacado «sobremanera» los delitos de violencia doméstica y familiar que, a diferencia de otro año, «han aumentado de una manera exponencial un 54%». Sobre esto, ha recordado que son delitos que se cometen «en un espacio protegido, como son las familias, que se supone protegido y que afecta a personas vulnerables» como son los mayores, los menores y las personas con discapacidad.
Es por eso que ha considerado que «merece una exhaustiva reflexión para ver las causas de ese aumento en la violencia familiar y doméstica».
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