El fiscal Anticorrupción Fernando Soto ha censurado este miércoles la «grosera contratación ilegal» del exalcalde socialista de Lebrija Antonio Torres García en la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) a manos de Fernando Villén como director general técnico de la entidad, señalando que el ex primer edil «ni iba a su puesto» y que Villén «ocultó» al patronato de la entidad esta contratación ajena a los principios de «publicidad, igualdad, libre concurrencia, mérito o capacidad».
Así se ha pronunciado el fiscal Fernando Soto en su informe final en el juicio celebrado por la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla contra el ex director general de la Faffe Fernando Villén y el exalcalde socialista de Lebrija, por la presunta contratación arbitraria de este último en la entidad.
El fiscal, que pide cuatro años de prisión por presunta malversación y diez años de inhabilitación especial por prevaricación para Fernando Villén y dos años y medio de prisión por supuesta malversación y cuatro años de inhabilitación por prevaricación al exalcalde socialista de Lebrija Antonio Torres; ha considerado que durante el juicio ha quedado de relieve que en la Faffe «nunca hubo un procedimiento de selección de personal», con lo que «se contrataba al libre arbitrio de Villén».
La práctica, según ha señalado, era incorporar a «personas afines a la administración entonces en el poder», en alusión al PSOE, que gobernaba entonces la Junta de Andalucía, a la que pertenecía la Faffe.
En ese marco, ha expuesto que de lo actuado, se desprende que Fernando Villén contrató al exalcalde socialista de Lebrija después de que el mismo abandonase el Ayuntamiento tras las elecciones municipales de 2003, cuando el PSOE perdió la Alcaldía de dicha localidad, «al margen» de los principios de publicidad, igualdad, libre concurrencia, mérito y capacidad que rigen el acceso a la función pública.
Villén, según ha destacado, «ocultó» además al patronato de la Faffe esta contratación porque Antonio Torres no figuraba en la estructura organizativa de la entidad presentada a dicho patronato gestor de la fundación pública.
El fiscal Fernando Soto ha avisado además del «plus de antijuricidad» que presenta este caso, porque Torres García «ni iba» a la Faffe a trabajar porque carecía de «puesto» físico en las dependencias de la entidad, toda vez que «no consta» rastro documental de las reuniones «periódicas» en las que participaba el exalcalde según los acusados.
De este modo, el representante del Ministerio Público ha resumido que Antonio Torres «no sólo no iba a trabajar, sino que no se enteraba de lo que pasaba en la Faffe, porque estaba totalmente desvinculado de la estructura organizativa» de esta entidad que dirigía Fernando Villén, ya condenado por cierto a seis años de cárcel por delito continuado de malversación en concurso con falsedad en documento oficial en concepto de inductor, por los pagos en clubes de alterne con tarjetas bancarias de la citada entidad pública, perteneciente a la Junta de Andalucía.
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