La Fiscalía de Sevilla ha archivado la denuncia promovida ante dicha instancia provincial por la Marea Blanca, que formalizó denuncias similares en el resto de provincias andaluzas, por las «prolongadas esperas sanitarias» bajo la premisa de que las mismas «ponen en peligro las vidas» de los ciudadanos, como ha adelantado la edición andaluza de Eldiario.es y han confirmado a Europa Press fuentes del Ministerio Público.
Para esta denuncia, Marea Blanca exponía que «los tiempos de espera del Servicio Andaluz de Salud (SAS), sobre todo los que afectan a consultas y pruebas diagnósticas, pueden tener consecuencias graves, irreversibles, e incluso fatales cuando retrasan el tratamiento de patologías graves».
Para Marea Blanca, «esta situación vulnera los derechos fundamentales de las personas a la protección de la salud y la atención sanitaria adecuada y oportuna»; considerando que «los recortes en presupuestos, la reducción de plantillas y las medidas restrictivas impuestas en los últimos años han deteriorado gravemente la atención sanitaria en Andalucía».
Según la entidad denunciante, «el tiempo medio para obtener un diagnóstico completo puede oscilar entre diez y 16 meses, lo que claramente excede cualquier estándar razonable de atención sanitaria efectiva»; mientras en casos de patologías graves, como el cáncer, «los tiempos de espera significan con frecuencia la diferencia entre la vida y la muerte».
Al hilo de esto, la organización consideraba que «la legalidad de estas circunstancias debería ser objeto de una revisión competente, teniendo en cuenta que esta misma causa en concreto ha sido constitutiva de delito en casos individuales según recientes sentencias judiciales».
Pero la Fiscalía, a la hora de archivar la denuncia, expone según han precisado a Europa Press fuentes del Ministerio Público, que los citados casos judiciales esgrimidos por Marea Blanca, dos en la provincia de Sevilla, tan sólo derivan en «supuestos de responsabilidad patrimonial» por parte de la Administración sanitaria, avisando de que la denuncia de la entidad «no identifica» en qué delito habría incurrido la misma.
La Fiscalía, así, no atisba delito alguno, recordando el mecanismo existente para contratar las correspondiente intervenciones médicas en el plano ajeno a lo público una vez superados los plazos máximos legales de espera, para después repercutir los gastos a la Administración sanitaria.
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