El centro social, situado en el número 2 de la calle Puerto de Milagro, fue desalojado el pasado 26 de noviembre sin previo aviso. Durante la intervención policial, fueron detenidas cuatro personas que se encontraban en ese momento haciendo uso del centro en el que entonces había una biblioteca, una ludoteca, un rocódromo, una despensa social, entre otros espacios.
Las detenidos se han sentado este martes en el banquillo de los acusados de los juzgados de instrucción de Madrid a instancias del IVIMA. El abogado solicita para ellos una multa de 4 meses a razón de diez euros por un delito leve de usurpación.
Durante la vista, el abogado del centro, Erlatz Ibarrondo, ha defendido frente a las alegaciones del IVIMA que si buscara un uso social de las instalaciones no se hubiera abandonado el edificio hace años.
«La Atalaya era el pulmón social de este barrio», ha aseverado el letrado de la defensa tras concluir la vista oral en la que han comparecido varios vecinos de la Asamblea que integraba el centro social.
Los usuarios del centro defienden que no se trata de un piso okupado sino de un centro con numerosas actividades sociales. Por ejemplo, durante la pandemia se repartió comida a los vecinos del barrio que lo necesitaban.
Tras el desalojo, según los vecinos, una cuadrilla de obreros tiró los tabiques del centro, arrancó ventanas y levantó el suelo para provocar su desuso.
El centro era un antiguo instituto de segundaria en desuso que fue okupado y reconvertido en centro social hace una década, en diciembre de 2014, con la organización de asambleas, conciertos, rocódromo o talleres.
Antes del pasado noviembre tuvo varios intentos de desalojo pero que no llegaron a ejecutarse. El IVIMA llevó en 2016 a juicio a varias personas pero el proceso judicial quedó prescrito.
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