La mujer migrante sufre una doble discriminación por razón de género y de origen para acceder a una vivienda y a los suministros básicos, un 52,5% frente al 9,1% de los hombres.
Así lo demuestra el informe 'Inseguretat residencial al món local: Discrminacions a Barcelona i el seis impactes sobre la Salut' presentado este jueves por Enginyeria Sense Fronteres, Observatori DESCA, PAH de Barcelona, Aliança contra la Pobresa Energètica (APE) y la Agència de Salut Pública de Barcelona.
El objetivo del informe es demostrar cómo se cruzan el género y las migraciones con los problemas de vivienda y pobreza energética, en base a los testimonios de usuarias de la PAH Barcelona y la APE, informa Enginyeria Sense Fronteres en un comunicado.
La mayoría de las personas encuestadas son mujeres (71%), con una alta proporción procedente de países de renta media y baja (43,2%), lo que «pone de manifiesto la importancia de considerar el género y su origen en el análisis de la vulnerabilidad social».
Las situaciones más comunes en este grupo son familias monomarentales y, en menor medida, mujeres solas y parejas con hijos, que «experimentan una discriminación significativa», con una mayor incidencia de racismo que afecta a su capacidad de acceso a la vivienda ya los suministros básicos (52,5% frente al 9,1% de los hombres).
«Esta doble vulnerabilidad (género y origen) exige especial atención a las políticas públicas», advierten los autores del informe, quienes también destacan la necesidad de un enfoque diferenciado en las estrategias laborales y sociales, pues las mujeres de países de renta baja son especialmente vulnerables a la precariedad laboral, mientras que las mujeres de países de renta alta sufren más las insuficientes consecuencias de pensiones.
Situación "crítica"
Las familias de países de renta baja, especialmente las monomarentales, presentan un elevado riesgo de endeudamiento y experiencias de cortes de suministro: «Esta situación es crítica, ya que afecta directamente al bienestar de los niños».
Entre las propuestas de intervención figuran incrementar el parque de vivienda social y priorizar el acceso a colectivos vulnerables, flexibilizar los criterios administrativos de acceso, impulsar contadores sociales y ampliar el bono social para garantizar el acceso energético; apoyo psicológico y políticas de protección a madres monoparentales y mujeres afectadas por la discriminación.
El informe concluye que es fundamental adoptar un enfoque integral en las políticas públicas para garantizar el derecho a la vivienda y afrontar desigualdades estructurales, lo que implica «no sólo abordar las necesidades inmediatas de las personas afectadas, sino también trabajar para cambios sistémicas que reduzcan la discriminación y promuevan la inclusión social».
El enfoque, afirman, debe ser multidimensional, teniendo en cuenta las intersecciones entre género, origen y otros factores que contribuyen a la vulnerabilidad.
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