Archivo - Imagen de un migrante | H.Bilbao - Europa Press - Archivo

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Euskadi asumirá el próximo 1 de enero la gestión de proceso de acogida de migrantes beneficiarios de protección internacional, con la que el Gobierno Vasco pretende reforzar el 'modelo vasco de acogida' para el diseño integral de los procesos de inclusión de estas personas.

Según ha informado el Departamento de Bienestar, Juventud y Reto demográfico del Gobierno Vasco, a partir del próximo 1 de enero de 2025, y una vez realizada la transferencia, el Ejecutivo de Euskadi asumirá el desarrollo de la gestión integral del proceso de acogida de las personas beneficiarias de protección internacional en la denominada fase de autonomía.

Esta fase tiene una duración máxima de seis meses, durante los cuales se dará apoyo a estos migrantes para acceder a la formación para el empleo, se les acompañará en la búsqueda de vivienda y se les facilita actividades de inserción.

De esta forma, el Gobierno Vasco les ayudará a realizar un itinerario completo de inclusión e inserción, que será gestionado a través del Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico.

Colaboración con cinco entidades

La gestión de la fase de autonomía de la acogida de estas personas se llevará a cabo en colaboración con cinco entidades del tercer sector con una amplia experiencia: Accem, Cruz Roja, Movimiento por la Paz (MPDL), Cear, Nueva Vida y la fundación San Juan de Dios.

Para ello, el Ejecutivo de Euskadi ha previsto diferentes partidas presupuestarias suman un total de 2,4 millones de euros, cantidad por la que fue valorada en su día en el acuerdo de transferencia utilizando la metodología del Concierto Económico.

En noviembre de 2024 había en el sistema de acogida dependiente de la Secretaría de Estado de Migraciones 49 unidades de convivencia en Euskadi, que suponían 121 personas. Si bien es difícil hacer una previsión, el Gobierno Vasco ha explicado que prevén una atención de entre 150 y 300 personas en un primer escenario.

No obstante, ha señalado que la gestión no se refiere ni a los procedimientos de asilo, que seguirá en manos del Estado, ni tampoco a la gestión de los centros de acogida a refugiados y refugiadas.