Sanz niega "sobresueldos" en el PP de Sevilla y destaca que las cuentas estaban "perfectamente auditadas" por Génova

En una entrevista en el programa Despierta Andalucía de Canal Sur Televisión, el alcalde de Sevilla ha defendido que su pacto con el Grupo municipal de Vox para que el mismo apoyase la aprobación del proyecto presupuestario del Ayuntamiento para 2025, que se eleva a casi 1.400 millones de euros en su cifra consolidada, «no cruza ninguna línea roja».

Después del reciente pleno de aprobación definitiva de las nuevas cuentas, en el que Vox destacaba la eliminación de «todas» las partidas para memoria histórica y para entidades relacionadas con el apoyo al colectivo de inmigrantes y la reducción sustancial del dinero para cooperación al desarrollo en ayuda a países marcados por la pobreza de sus habitantes y el subdesarrollo; Sanz ha defendido que «no» están en riesgo las políticas relacionadas con los colectivos vulnerables.

«Vox ha apoyado el presupuesto a cambio de desatascar algunos proyectos bloqueados y de algunas partidas que no afectan», ha asegurado el primer edil.

Además, ha defendido los nuevos centros «resilientes» planeados por su Gobierno local en San Jerónimo y el Cerro del Águila, principalmente para acoger a personas sin hogar y mujeres víctimas de violencia machista o de trata de seres humanos, proyectos que han levantado protestas en la ciudadanía de tales barrios en demanda de que estos centros sean destinados a otras zonas de Sevilla con mejores equipamientos públicos y no marcadas por las necesidades sociales.

Sanz ha alegado al respecto que «la oposición ha hecho mucha demagogia y ha intentado crear alarma social en esos dos barrios», insistiendo en que no se trata de «albergues» al uso, sino que se trata de centros «de acogida donde habrá en cada uno de ellos 25 personas» que recibirán «un tratamiento personalizado».

Gestión delegada

Además, ha añadido que estos centros «seguramente no van a tener gestión municipal», sino que «serán algunas asociaciones o colectivos o alguna orden religiosa, quienes gestionen esos dos centros».

Sanz ha acusado además de nuevo al Gobierno central del socialista Pedro Sánchez de «falta de interlocución», asegurando que el Ejecutivo ha «quitado» más de 70 millones de euros de la participación de Sevilla capital en los ingresos del Estado (PIE).

Igualmente, el alcalde ha negado que el PP de Sevilla, del que fue presidente; y el PP andaluz, del que fue secretario general, incurriesen en «sobresueldos» o gastos irregulares con relación a las partidas de dinero público recibidas por su representación en las instituciones públicas.

Ello, después de que días atrás, el portavoz del PP en el Ayuntamiento hispalense y edil de Hacienda, Juan Bueno, negase que fuesen «sobresueldos» los cheques que cobró con cargo a las asignaciones de la Diputación al grupo de su partido en dicha institución, cuando él mismo era presidente del PP de Sevilla y edil del Gobierno local del Juan Ignacio Zoido como alcalde entre 2011 y 2015 .

Los gastos del pp

Según defendía Bueno, eran pagos con relación a sus gastos de «funcionamiento» por su responsabilidad orgánica en el PP, porque «visitaba toda la provincia», con lo que ello implicaba en materia de kilometrajes o dietas que él adelantaba; cobrando cheques similares por aquel mismo periodo la que fuera concejala de Hacienda del Gobierno local de Zoido, Asunción Fley; y pesando casi 35.000 euros gastados por el Grupo popular de la Diputación provincial para un mitin allá en 2011, cuando Sanz presidía el PP sevillano.

Sanz ha señalado de nuevo que la Ley Orgánica de Financiación de Partidos estipulaba en 2011 «que esas asignaciones» del dinero de las instituciones públicas a los grupos políticos con representación en las mismas «estaban para gastos corrientes de esos grupos políticos». «Lo único que no permitía esa ley era adquirir, por ejemplo, una sede, adquirir patrimonio o retribuciones salariales ni contratar personal», ha matizado de nuevo.

En ese sentido, ha insistido en que «no se ha dedicado ni un solo euro que proviniera de la asignación a los grupos políticos que no estuviera contemplado en la ley», explicando que en el caso de Juan Bueno, recibió dinero por «gastos que tuvo como presidente del partido» porque al estar «todo el día dando vueltas como una peonza por la provincia», afrontaba «una serie de gastos» en los municipios «para tomarse un café, para invitar a almorzar al portavoz» local del pueblo en cuestión o por kilometrajes.

Es "el gasto corriente de un partido"

«Ese trabajo genera una serie de gastos y esos gastos son los que se pagan. No existen, nunca, nunca ha existido sobresueldos ni en el PP de Sevilla ni en el PP de Andalucía», ha reiterado, agregando que en el caso del mitin de 2011, «el gasto corriente de un partido es la movilización que un partido tiene que hacer en campaña electoral».

«Eso forma parte todo de la contabilidad de los partidos políticos, perfectamente auditada por la dirección nacional de los partidos políticos», ha defendido, exponiendo que estos gastos se encuadran en el periodo del «pleno cogollo» del caso del ex tesorero del PP Luis Bárcenas y, en consecuencia, llamando a imaginar «si no había control en la contabilidad del PP» tras aquel caso. «Es una cacería política y estoy sufriendo una campaña de difamación», ha insistido.

Sanz también ha dicho que sigue «negociando» con la Consejería de Fomento el derribo de bloques vacíos propiedad de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) y ubicados en las Tres Mil Viviendas, la zona de mayor exclusión social del Polígono Sur de Sevilla, a su vez el barrio de menor renta neta media anual por persona de toda España según las estadísticas oficiales.

«Ya se han definido cuáles son los bloques que se pueden derribar», ha dicho el alcalde detallando que «pueden ser hasta cuatro; toda vez que en este momento, para su Gobierno local no es una »prioridad" su apuesta propia por cerrar el espacio de la monumental Plaza de España perteneciente al Consistorio, o sea el espacio al aire libre comprendido entre la balaustrada de acceso y los bancos de las provincias; para cobrar entre tres y cuatro euros por la visita a los turistas al objeto de costear vigilancia 24 horas en el recinto y labores permanentes de conservación.

Ello, según ha dicho, depende de que se alcance «un acuerdo con el Ministerio de Hacienda», dirigido por la nueva secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, departamento al que también ha achacado una supuesta falta de interlocucion.