El dueño del castillo se topó con Spillmann en su propiedad y en el CIM le dijeron que el suizo estaba controlado.

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M. DÍAZ/J.NICOLAU «Si tiene un papel, que lo muestre». Así contestaba ayer el arqueólogo Biel Pons a la acusación hecha por Rupert Spillmann, supuesto expoliador de Santueri, de que «los arqueólogos» del CIM le habían permitido sacar fuera de Mallorca los materiales que había hallado en el castillo con el detector de metales. «Ha utilizado el permiso "el que expidió la Comisión de Patrimonio en 1998 a Spillmann y dos arqueólogos para hacer prospecciones en el castillo con detector" como una patente de corso», dice este técnico del Consell. Damià Pons, conseller de Cultura del CIM en 1998, respondió también a Spillmann: «No tengo conocimiento de que salieran fuera de Mallorca materiales de Santueri». La carta enviada por Spillmann a y «Mallorca Magazin», en la que el médico suizo habla de sus idas y venidas a Santueri con el detector, movilizó a los responsables políticos del CIM a primeras horas.

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Joana Maria Palou, directora insular de Cultura, explicó que Maria Antònia Vadell, consellera de Cultura, y Antoni Pascual, conseller de Urbanismo y presidente de la Comisión de Patrimonio, se reunieron con los servicios jurídicos del CIM para «analizar» las declaraciones del médico suizo en la prensa, en las que deja claro que su actuación en Santueri comenzó por su cuenta, sin que se sepa cuándo, "sí dice tener casa en Mallorca «desde hace 30 años»" y, sobre todo, sin el adecuado control de la administración. «Se pidió a los funcionarios técnicos y jurídicos que analicen la carta y hagan un informe a partir del cual el departamento jurídico del Consell pueda calibrar si hay delito o no y en base a esto elevar a fiscalía», dijo Palou en referencia al sentido de la reunión. Se abre una nueva vía que se añade a la investigación administrativa en curso sobre la que, Miquel Àngel Grimalt, director general de Urbanismo, aseguró: «En un plazo razonablemente corto se harán públicas las conclusiones».

Miquel Barceló, que firmó como secretario de la Comisión de Patrimonio que dio permiso a Spillmann y a los arqueólogos en 1998, es el instructor. Esta firma no le invalida para ello, dice Grimalt, «porque no tenía voto». Grimalt habla de Santueri como «un caso complejo, alargado en dos legislaturas» y reconoce de nuevo una «descoordinación» entre dos departamentos del CIM, Patrimonio Cultural y Patrimonio Histórico, que «indica que hay que ir con cuidado máximo en cuanto al patrimonio histórico». Ambos se crearon en 1999. Esa falta de cordinación queda patente cuando Palou asegura: «Se me dijo que los hallazgos del suizo eran fruto de un hallazgo casual y no tengo por qué dudar de la administración». «La carta de Spillmann me ha dejado muy tranquila». En ella queda claro que los hallazgos no fueron casuales. Palou aseguró que «lo de Santueri es una gota en el mar».

«Espero que sirva para que la gente se dé cuenta que la protección del patrimonio no es moco de pavo, tenemos 3.000 yacimientos y no 3.000 funcionarios». Spillmann estuvo solo en el castillo con el detector de metales, lo que no debería haber ocurrido ni una sola vez pues no es un profesional de la arqueología. Joaquim Vidal, propietario del castillo, cuenta que «hace tres o cuatro años» encontró por casualidad a Spillmann en su propiedad «con el detector de metales». «Le pregunté qué hacía allí, le pedí que me entregara lo que hubiera encontrado y le que se fuera», dijo Vidal. «Me informó que tenía un permiso del CIM y me lo enseñó diciendo que formaba parte de una investigación del Consell; nosotros, la familia, no teníamos conocimiento de que se hubiera otorgado ningún permiso». Vidal se puso en contacto con del servicio de Patrimonio para conocer qué sucedía y le contestaron que «el suizo estaba siendo controlado por el CIM».

Una persona ha contado a este diario que vio a Spillmann en septiembre de 2000 en el castillo. Tilo Ulbert, director del Instituto Arqueológico Alemán de Madrid, también le vio el 12 de abril de 2001. En ambos casos esgrimió un permiso del CIM que sólo era válido para 1998. Grimalt dice: «No tengo constancia de que se le hubiera renovado». Biel Pons asegura: «No se le renovó». Spillmann habla de una «verdadera investigación arqueológica» que quería «pagar el gobierno alemán». Esto se refiere, según la catedrática Margarita Orfila, una «prospección geofísica que haremos el próximo verano con aparatos que, sobre la tierra, y mediante ondas, nos dirán si debajo de donde actuó Spillmann hay estructuras constructivas». Ella y Ulbert llevan el proyecto.