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J.T./P.G./J.N.

El Govern «decidirá sobre la legalidad de la reunión del patronato», es la única actuación que puede llevar a cabo el Ejecutivo como Protectorado de la Fundación Bartomeu March Servera. Así lo adelantó ayer el portavoz del Ejecutivo, Joan Flaquer, después de que las dos partes enfrentadas de la familia March Cencillo hayan pedido la intervención del Govern en la crisis. Lo que no aclaró Flaquer fue si esta actuación acabará poniendo a la Fundación bajo la custodia cautelar del Ejecutivo.

Flaquer dijo que el Protectorado de la Fundación corresponde a la Conselleria de Presidencia y que, ante la situación creada, se recabará información, se hará un seguimiento de los acontecimientos y se hará cumplir la Ley de Fundaciones.

«Ejerceremos la competencia de Protectorado para ver si se ha cumplido la legalidad en los temas administrativos». Flaquer dejó claro que la actuación del Govern se ceñirá a sus competencias como protector y no entrará a evaluar si hubo un supuesto «robo» de obras, pues eso corresponde a los tribunales. En esta cuestión «el Gobierno no tiene nada a decir», aseguró. Al mismo tiempo que Flaquer hacía estas declaraciones, los técnicos de Presidencia trabajaban con urgencia en la redacción del informe que determinará cuál tiene que ser su actuación en el conflicto. Las dos partes han solicitado la mediación del Protectorado para que ponga la Fundación de manera cautelar bajo su custodia.

Sin embargo, según fuentes de Presidencia, «anteriores solicitudes que habían pedido la intervención siempre han sido rechazadas porque el Protectorado, en este caso el Govern, no puede ejercer de árbitro en una disputa entre patronos», remitiéndose se al artículo 35 de Ley de Fundaciones 50/2002.

No obstante, la mencionada ley legitima al Protectorado a ejercer provisionalmente las funciones de gobierno de la fundación «para impugnar los actos y acuerdos del patronato que sean contradictorios a los preceptos legales o estatutarios de la fundació» o cuando «el Protectorado encuentre indicios racionales de ilicitud penal en la Fundació».

Los técnicos precisan de un tiempo antes de anunciar las medidas que adoptará el Govern.

El anuncio del Govern de «ejecer la tutela prevista por la ley en defensa de la legalidad y del patrimonio fundacional» fue recibida con «satisfacción» por Manuel March, quien espera que «la gestión sea rápida y eficaz y permita el retorno del Goya y del Tríptico de Biniforani» a la entidad.