Las críticas vertidas por el historiador Guillem Rosselló Bordoy
en la edición de ayer de este periódico sobre la política
patrimonial llevada a cabo por la administración balear han puesto
de relieve las diferentes versiones que existen a nivel
institucional en lo que concierne a temas de patrimonio. Rosselló
Bordoy se centró en su artículo en dos ejemplos: las obras
realizadas para construir un aparcamiento en la calle Constitució y
las que se están llevando a cabo en la avenida Antoni Maura. El
primer caso finalizó sin el aparcamiento mientras que, el segundo,
concluirá con un nuevo parking.
La carta abierta de Rosselló Bordoy fue contestada por Àlvaro
Gijón, actual presidente de la Societat Municipal d'Aparcaments y
regidor. Gijón se mostró «extrañado» por las declaraciones del
historiador, quien «forma parte de la Comissió de Centre Històric y
conoce cómo funciona la Llei de Patrimoni». Una ley que «se está
cumpliendo y se cumplirá hasta el final estrictamente», realizando
una excavación en Antoni Maura «en la que ya se ha invertido más de
360.000 euros».
El regidor, quien quiso matizar que el Ajuntament también tenía
la licencia para actuar en Constitució, dijo que, según los
técnicos, «las estructuras halladas no son suficientemente
importantes como para no hacer el parking». Por su parte, Joan
Josep Mas, director insular de Patrimoni, dijo que el trabajo del
CIM es «dar los permisos para realizar las excavaciones, hacer un
seguimiento exhaustivo y decidir cuando hay que dar por finalizados
los trabajos».
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