Aspecto de la cantera y otros restos donde se construirá el edificio.

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El edificio proyectado en sa Calatrava sobre un yacimiento romano, en la calle Bastió den Berard, se construirá finalmente aunque ello implique la destrucción de un 37 por ciento de los restos arqueológicos, estructuras murarias y una cantera. Así se votó ayer en la Ponencia Técnica de Patrimonio tras la presentación de una modificación del proyecto exigida al arquitecto de la constructora Castellví-Inmobiliaria Perú Pere Rabassa. Con 11 votos a favor, cuatro en contra y una abstención, el informe favorable de los técnicos del CIM al nuevo proyecto de edificación salió adelante. Cabe recordar que la primera propuesta de la empresa significaba la destrucción total del yacimiento, por lo que se le solicitó otra. Ésta segunda afectaba a los restos arqueológicos en un 47 por ciento, por lo que tampoco fue aceptada por el Consell hasta que, finalmente, Rabassa rebajó los niveles de afectación del yacimiento al 37 por ciento y obtuvo el visto bueno de la Ponencia Técnica.

La constructora pierde una planta de aparcamientos, pero el yacimiento no será visitable, aunque sí accesible «a los expertos». «Como la zona tiene catalogación de Bien de Interés Cultural (BIC), las visitas las marca la Llei de Patrimoni». Así lo explicó ayer Joan Mas, director insular de Patrimonio Històrico del CIM. En la zona o solar 2 donde surgieron los muros romanos de varias habitaciones, la altura entre el edificio y los restos será de «unos cincuenta centrímetros», según un técnico del CIM, mientras que en el solar 3, donde se halló la cantera, ésta se verá afectada por las zapatas del edificio, aunque la empresa se ha comprometido a realizarlas con el menor impacto posible. «Dentro de lo malo es la mejor solución», explicaron desde el CIM. José Ramon Sánchez-Cuenca, presidente de la Asociación de Vecinos de sa Calatrava, expresó su «preocupación» tras la reunión de la Ponencia. A la espera de la decisión de la Comisión de Patrimonio y Urbanismo, integrada por los grupos políticos, dijo que «tenemos sobre la mesa algunas acciones que vamos a estudiar y que van desde la jurídica a la de imagen». Para Ferran Tarongí, representante en la Ponencia por la Sección de Arqueología, que votó en contra del informe favorable de los tecnicos del CIM, «es una lástima que un yacimiento de estas características se vea destruido en un 30 por ciento y quede fuera del alcance de los ciudadanos, pero, considerando el mal menor, esperamos que esta obra efectuada en un BIC sea de transición y haya despertado una verdadera inquietud por el patrimonio en las instituciones». «También esperamos que los constructores empiecen a valorar los riesgos de inversión en zona arqueológica; en cualquier caso, este edificio quedará como testimonio de la poca consideración hacia el patrimonio por parte de un país en un momento determinado», finalizó.