Imagen de piezas depositadas en el Museu de Mallorca tal como llegaron al centro hace décadas. Fotos: M.D.

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MARIANA DÍAZ
Hace muchos meses que el colectivo de arqueólogos es una olla en ebullición contra el Museu de Mallorca. ¿El detonante? La exigencia de su directora, Joana Maria Palou, sobre cómo deben siglarse (registrar) los materiales procedentes de las excavaciones arqueológicas que, por ley, deben depositarse en dicho centro. Según estos profesionales, Palou interpreta el Decreto de Arqueología de la Llei de Patrimoni de una forma tan rigurosa que les dificulta el trabajo. Esta situación ha generado un clima de crispación y de enfrentamiento total entre la dirección del museo y una parte de los arqueólogos. Por otra parte, la Conselleria de Cultura del Govern señaló ayer que ha recibido «un documento» del departamento de Ciencies Històriques i Teoria de les Arts de la UIB sobre «actuaciones irregulares en la gestión de los fondos de arqueología del museo». Y que ha pedido «colaboración» al Ministerio de Cultura sobre la forma en la que resolver éste último conflicto y «aclarar todo lo que haya podido pasar».

Un grupo de arqueólogos pertenecientes a diferentes proyectos científicos respaldados por universidades y la junta directiva de la Secció d'Arqueologia se ha reunido esta semana para elaborar una carta en la que plantear sus quejas a la consellera Barbara Galmés, ya que es el Govern quien detenta la gestión del museo, que es de titularidad del citado ministerio. En un borrador de dicha carta al que ha tenido acceso este diario se solicita a la Conselleria el inicio de «un expediente informativo o una auditoría interna que permita conocer la situación real de esta institución», la «toma de medidas urgentes» y «que se exijan responsabilidades». Entre los asistentes a la citada reunión ya han surgido discrepancias sobre la forma en que se concebido el borrador, que ha saltado a los medios de comunicación antes de llegar a la Conselleria, y algunos aseguraban ayer que «no» lo firmarían si se planteaba en términos de «guerra» y «no de diálogo».

Muchos arqueólogos con los que habló ayer este diario prefieren no dar su nombre. Helena Inglada, arqueóloga del Consell, dijo que «si se pide una auditoría que no sólo sea al museo, sino también a la UIB, al Consell, a todos» porque, como es bien sabido en el propio colectivo, la arqueología ha ido funcionando a trancas y barrancas y sin un apoyo efectivo de la Administración desde hace décadas: Materiales arqueológicos «dispersos por todo Mallorca» que no han entrado en el museo aunque la excavación haya finalizado tiempo atrás; memorias de excavación sin entregar porque los promotores no pagan el trabajo; subvenciones y permisos de excavación que no llegan al inicio de la misma; un Decreto de Arqueología criticado por falta de efectividad; obras en zona BIC que comienzan sin el arqueólogo preceptivo; grupitos y rencillas entre los profesionales. Años y años de esta práctica política y profesional ha llevado a la actual situación: el polvorín a punto de estallar.