TW
0

MARIANA DÍAZ
La familia de Lorenzo Ordinas Pons interpondrá una «querella criminal contra el secretario municipal, el alcalde de Alaró y cualquier otra persona» que conceda licencia municipal de obras al Consell de Mallorca para acometer la rehabilitación del Castell d'Alaró.

Así lo confirmó ayer a este diario Miguel Angel Ordinas, hijo del anterior y abogado, quien, en este sentido, ya ha remitido un escrito al Ajuntament d'Alaró en el que, además de este anunció, se reafirma en que su familia detenta la propiedad del castillo desde 1935 cuando la misma, que «se fue transmitiendo a terceros», llega a su abuelo, Antonio Ordinas Catalá, que lo compra a Antonio Canals Pons por 57.900 pesetas, «según consta en el registro de la Propiedad número 2 de Inca».

La polémica sobre la propiedad del castillo está servida desde que hace unos meses este diario publicó la noticia de que, en unos documentos en poder del Consell, se establecía que era el Estado el propietario de los muros, torre del homenaje y aljibes de esta construcción medieval.

Un tiempo después, en concreto la pasada semana, el Estado confirmó al departamento de Patrimoni Històric del Consell que es el propietario del castillo y que autorizaba a la institución insular a emprender obras de rehabilitación según un proyecto presentado al Ministerio de Cultura.

Fue entonces cuando Joana Lluïsa Mascaró, consellera insular de Cultura , anunció que en cuanto se obtuviera la licencia municipal, que ya se ha pedido al Ajuntament d'Alaró, la Brigada de Patrimonio entraría en el castell para comenzar a trabajar.

En el citado escrito de Miguel Angel Ordinas se insiste en documentar la propiedad de su familia basándose en abundantes documentos. Uno de ellos se refiere al que les fue remitido por Joana Maria Palou cuando era directora general de Cultura, durante el Pacte de Progrés, tras enviar a unos arqueólogos para que hicieran unas catas arqueológicas. Las palabras «...com és demanar-vos permís per dur a terme la tasca...» son, para Ordinas, ejemplo de que el Consell reconoce la propiedad privada del bien.

Por otra parte, en la Comissió de Patrimoni de ayer, el Consell dejó claro que el proyecto de restauración no debe pasar por este órgano antes de obtener la licencia municipal, ya que viene aprobado por el Estado, el propietario del castillo.