El vicepresidente de Cultura del Consell, Joan Rotger, reclama a un juzgado de Palma que adopte las medidas cautelares oportunas para evitar la disgregación de la colección del archivo documental y otros bienes muebles de Can Conrado que gozan de protección patrimonial como Bien Catalogado (BC). Se trata de elementos adscritos a este antiguo inmueble, conocido también como antiguo convento de los Mínimos, situado en Santa María, que es Bien de Interés Cultural (BIC).
Según ha podido saber este diario, en un escrito registrado, tanto en los juzgados de Sa Gerrería como en la Audiencia Provincial, el Departamento de Patrimoni de la institución insular recuerda que tiene que autorizar previamente cualquier movimiento de documentos o bienes catalogados fuera del BIC. Un informe de los servicios jurídicos que acompaña a la petición señala que separar bienes catalogados sin permiso puede suponer una infracción grave al patrimonio, sancionada con entre 60.000 y 150.000 euros.
Cabe recordar que el inmueble fue subastado el pasado 21 de junio por orden judicial ante la disputa del actual dueño, José Francisco Conrado de Villalonga, con uno de sus sobrinos. Conrado de Villalonga se adjudicó el inmueble en dicha subasta.
Sin embargo, ahora el contencioso se traslada al resto de bienes del edificio cuya propiedad está repartida entre tío y sobrino, y entre los que se hayan algunos que gozan de protección patrimonial. El segundo ha reclamado ante el juzgado la posibilidad de llevarse su parte, algo que la juez Maria Isabel del Valle García ha autorizado. De hecho la magistrada ha fijado para el próximo 6 de julio la fecha para la salida de los bienes muebles. La intervención del Consell en el proceso abre una vía para mantenerlos en el convento.
En mayo de 2007, el pleno de la institución insular otorgó la declaración de Bien Catalogado a bienes muebles y al archivo de Can Conrado. Ahora recuerda que tiene que autorizar de forma previa cualquier salida de documentos u objetos y remite a la magistrada dos sentencias de la Audiencia Provincial de Palma que reconocieron esta potestad de Patrimoni en causas similares.
Según el expediente que consta en poder del Consell, existen tres grupos de bienes muebles catalogados sobre los que Patrimoni ha pedido que se mantengan unidos y no se disgregue, por lo que cualquier decisión sobre los mismos debe contar con autorización de la administración insular. Por un lado está el archivo documental de la familia Conrado, con documentos que van desde 1365 hasta el siglo XX. Por otro, una colección de piezas arqueológicas y rarezas, así como otra de cuadros sobre la historia del convento que tienen interés en cuanto se mantengan juntos, según el citado expediente.
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