El fiscal pide 4 años de cárcel para Ramoncín

El fiscal ha elevado a definitiva su acusación contra el músico por delitos de falsedad documental y apropiación indebida que habría cometido tanto él como el ex director general de la Sociedad Digital de Autores (SDAE), José Luis Rodríguez Neri --para quien pide la misma pena--, por el «esperpento documental» con el que intentaban justificar los pagos, que ascendieron a 57.402 euros entre septiembre de 2008 y marzo de 2011.

Por su parte, el exdirector de los Servicios Jurídicos de la SGAE Pablo Hernández Arroyo se enfrenta a dos años y nueve meses de cárcel y el ex director general de SGAE y exconsejero de la filial digital Enrique Loras a una pena de dos años de prisión.

«Hay un refrán que dice que los árboles no impidan ver el bosque. Aquí, yo pido que en ese bosque espeso y complicado que es la SGAE no impida ver los árboles», ha pronunciado el fiscal al inicio de su intervención para desgranar el conjunto de elementos que prueban, a su juicio, la actuación «sumamente espuria y torticera» desarrollada para «extraer fondos» de sociedades, algunas de las cuales eran «auténticas máquinas de generar pérdidas».

El representante del Ministerio Público ha advertido en el juicio de que existen indicios «muy evidentes de que se puede haber producido una ilicitud en la presentación de documentos de dudosa originalidad» y que estudiará sus «consecuencias procesales». «No se puede sustituir la realidad material, por una realidad virtual», ha remachado.

«RIZAR EL RIZO DE LO IRREGULAR»

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El fiscal José Miguel Alonso ha sostenido en la última versión del juicio que los acusados inflingieron de manera «clamorosa» la ley y que sus actuaciones supusieron «rizar el rizo de lo irregular». «Cometieron infracciones tributarias se mire por donde se mire», ha añadido.

En este contexto, ha criticado las múltiples «versiones» de contratos o «borradores» de los mismos presentados para tratar de justificar los cinco pagos efectuados a 'Ramoncín' y ha puesto de manifiesto que no existe «ningún rastro» de que se llevaran a los órganos que debían aprobarlos. «Solo se conoce el beneficio para el vendedor, no para el adquiriente», ha agregado.

«Es sorprendente que una sociedad facture por algo en lo que está especializada la propia sociedad y sea el trabajo de un profano el que se haya dado cuenta de su problemática», ha concluido el fiscal, para añadir que la «fraseología» que utilizaba 'Ramoncín' en sus emails a Neri revela la intencionalidad de sus delitos.

«NO HAY ALBAÑILERÍA FINANCIERA»

El abogado de 'Ramoncín', Francisco Pereña, ha solicitado la absolución de su cliente asegurando que realizó los trabajos por los que percibió una contraprestación económica y «no hay ninguna albañilería financiera». Tras señalar que dos proyectos continúan vivos, ha destacado que «hay veces que los proyectos más caros no salen y los que están escritos en una servilleta sí salen».

En la vista oral, ha declarado un agente de la Guardia Civil que ha acusado al cantante José Ramón Márquez, conocido como 'Ramoncín', de «fabricar documentación 'ad hoc'» para preparar su defensa y aportar a los investigadores facturas que contenían «errores» o con el «IVA equivocado» para tratar de justificar sus cobros.

Dos peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) han acusado a la filial digital de la SGAE de «incumplir gravemente» la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada al no someter al acuerdo de su Junta General las relaciones de prestación de servicio con 'Ramoncín'. El juicio ha quedado visto para sentencia sin que los acusados hayan hecho uso de su turno de última palabra.