La Fiscalía solicitará medidas cautelares a los saxofonistas acusados de fraude al Govern

La querella sostiene que Pérez Vila defraudó más de medio millón de euros del Institut d'Estudis Baleàrics y una cantidad aún por determinar del Ajuntament de Palma y del Consell de Mallorca. El profesor acudía a líneas de subvención para la promoción internacional de músicos de las Islas. Sin embargo, las acusaciones sostienen que no acudía a las actividades para las que había recibido fondos públicos y que, más tarde presentaba facturas falsas para justificar esos gastos. En concreto se le acusa de haber falseado más de 200 expedientes por eventos, como conciertos en Japón, que los organizadores locales han desmentido que se llegaran a celebrar o que conocieran a Pérez Vila. Parte de los fondos se canalizaron a través de la asociación Psaiko Quartet, un grupo de saxofonistas a los que apadrinaba el entonces profesor del Conservatori.

El caso explotó a partir de la investigación interna llevada a cabo en el seno del Institut d'Estudis Baleàrics donde se detectaron las primeras facturas falsas. La intervención de la Comunitat analizó el resto de documentación presentada por el saxofonista y concluyó que, de los más de 300 documentos de pago entregados a la administración, dos tercios son falsos. Incluso se acreditó que un buen número de los actos en los que decía participar nunca se celebraron. El Govern denunció los hechos ante la Fiscalía Anticorrupción y el saxofonista ya declaró ante la Policía Nacional. Reconoce que presentó documentos falseados pero niega que se destinara el dinero a fines diferentes que a los que estaban previstos. Asegura que sí acudió a los conciertos y actividades por las que recibía las subvenciones y achaca a problemas con la documentación y a una mala gestión de la misma que tuviera que recurrir a datos falseados.

Ahora, el juzgado de Instrucción 12 de Palma tendrá que fijar de nuevo su comparecencia para que declare ante el magistrado titular. Tras esa comparecencia las acusaciones formalizarán la petición de medidas, que pueden pasar por la retirada del pasaporte y la prohibición de salida del territorio nacional, la fijación de comparecencias periódicas ante el juzgado o, incluso la imposición de una fianza. A partir de la denuncia del Govern, el Conservatori ejecutó un despido disciplinario contra el docente. Se justificó la medida ante la implicación en una conducta poco ética y al haber implicado a alumnos suyos y a otros profesores en las actividades que ahora están bajo investigación judicial. De las demás personas que intervinieron en la asociación impulsada por Pérez Vila, sólo se dirige la acción penal contra uno.