Deporte de alto riesgo

Parientes y amigos de los fallecidos han acusado tanto al Gobierno español como al marroquí de ineficacia en las tareas de rescate, por la tardanza en el primer caso en enviar equipos adecuados y por la incompetencia técnica en el segundo. El superviviente ha centrado sus críticas en los magrebíes.

Un análisis objetivo de la situación nos indica sin embargo que las autoridades de ambos países actuaron correctamente.
Empecemos por el principio. Todos los que practican deportes de alto riesgo conocen, o deberían conocer, a lo que se arriesgan.
Si ocurre, como ha ocurrido, la desgracia y esta es debida a un accidente, por principio no es culpa de nadie. Las autoridades de la zona donde se practican este tipo de deportes deben disponer de los equipos técnicos y humanos suficientes para proceder a operaciones de rescate o, en otro caso, prohibir esas actividades.

Los deportistas tienen que ser conscientes de las posibles limitaciones en lugares alejados y, en principio, inhóspitos.
El Gobierno español envió un avión de socorro con equipos de rescate en alta montaña de la Guardia Civil y Geos de la Policía en cuanto pudo. No fue posible evitar el desgraciado desenlace pero no por falta de buena disposición.

Desde un punto de vista formal el superviviente fue recibido en Barajas, a donde voló en avión especial fletado y pagado por el Gobierno español, por el ministro del Interior y los directores generales de la Policía y La Guardia Civil.

Hay que recordar que hace solo unos meses otro espeleólogo español en Perú tuvo que ser rescatado tras caer al fondo de una cueva. Su rescate y posterior regreso a España fueron pagados por amigos y compañeros. Lo mismo ocurre cuando algún español tiene cualquier tipo de accidente en el extranjero, por ejemplo alpinistas. Nadie espera que el Ministerio del Interior o el de Asuntos Exteriores envíe un avión oficial para repatriarles tras haberse ocupado especialistas españoles de su rescate.

El problema de fondo es que el Gobierno español carece de un protocolo que indique claramente en qué casos va a haber intervención oficial y en cuáles no. Por supuesto las autoridades tienen la obligación de proteger a los nacionales españoles en cualquier circunstancia pero no siempre tienen el deber de pagar operaciones en cuyo origen, y no digo que este sea el caso, pudo haber una errónea valoración del riesgo por parte de los particulares, por ejemplo haciendo turismo en lugares en los que el Ministerio de Asuntos Exteriores recomienda que no se viaje.