Las balanzas fiscales han confirmado, una vez más, lo que tanto en el mundo académico como en la calle era de conocimiento general: que Balears pasa de la segunda posición en recaudación fiscal al noveno puesto en recursos finales por las llamadas transferencias de solidaridad y como consecuencia de un modelo de financiación injusto que penaliza a nuestra comunidad autónoma con el 5,71 % del PIB, con un resultado final de la renta familiar disponible en paridad de compra inferior a la de comunidades receptoras de recursos.
Las balanzas fiscales territorializadas que se han publicado han sido elaboradas utilizando un método híbrido ad hoc, que en principio no gusta a nadie por la diferencia de trato entre las regiones. Básicamente existen dos métodos para el cálculo de las balanzas fiscales: el método de la carga-beneficio y el del flujo monetario, en el que solo se tienen en cuenta criterios geopolíticos para la imputación.
El modelo actual de financiación perjudica a las comunidades con mucha población y poco territorio, como Balears, Catalunya o la Comunidad Valenciana. Todo lo contrario de lo que ocurre en Extremadura o Castilla y León, al beneficiarse de la dispersión de la población, en territorios extensos y escasos en población.
Pero también tiene interés analizar los datos expuestos en estas balanzas que permiten extraer conclusiones como el llamado sobreesfuerzo fiscal medio que en Balears es de 636 € por habitante y año por encima de los navarros que, junto con vascos (403 €) y madrileños, se mueven en cifras por debajo de la media nacional.
Antes de contabilizar el esfuerzo fiscal de cada economía, la financiación per cápita a competencias homogéneas en el País Vasco es, con 4425 euros, dos veces y media superior a los 1.745 euros en Balears.
Solidaridad sí, pero en ningún caso la comunidad subsidiada (Extremadura, por ejemplo) debe gozar de mayores posibilidades económicas que el pagador. El modelo de financiación debe evitar que baje del ranking del nivel de rentas después del pago impuestos y la distribución de transferencias de los fondos de solidaridad y por lo tanto mantener como sagrado el llamado principio de ordinalidad, clave para resolver las actuales carencias de justicia distributiva.
Hay que establecer un sistema de financiación que sea más justo, transparente y coherente en la distribución de las cargas fiscales y que corrija las actuales desigualdades, donde los que más aportan no se vean maltratados por el sistema y una mal llamada solidaridad puede poner el crecimiento y la competitividad de la economía más productiva con el riesgo de que si la locomotora se detiene, el tren se para.
El proyecto de ley de reforma fiscal aprobado contempla importantes rebajas en diferentes impuestos, pero no ha hecho una imprescindible reestructuración del complejo panorama tributario autonómico, ante la clara injusticia de las normas forales vascas y navarra.
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