Está claro que la clasificación por estrellas sigue vigente en bastantes países desarrollados, pero en general no son los gobiernos, nacionales o regionales, los que otorgan esas estrellas sino las correspondientes asociaciones hoteleras o el equivalente a los Centros de Iniciativa Turística.
Pero es que la misma clasificación y los conceptos en los que se basa actualmente, tamaño de las habitaciones o incluso de los pasillos, calidad de las vajillas, número de empleados..., han quedado obsoletos en un mundo en busca de las experiencias, que no están preocupadas por el ancho de los pasillos.
La facilidad en la obtención de la información del hotel en internet, la localización, el diseño, el wifi gratis, el público que uno espera encontrar en el lugar, tienen mucha más importancia que una estrella más o menos. La opinión de amigos y conocidos, factor determinante en la elección, se expresa a través de Facebook o de Tripadvisor, mientras que las empresas intermediadoras, más fuertes que nunca, como Expedia o Booking, clasifican según la opinión de los clientes.
Los touroperadores han adaptado su propia clasificación para no depender de variadas organizaciones, cada una con sus criterios, mientras que las grandes cadenas confían en el poder de su marca y no necesitan adjetivos. Un Marriott es un Marriott, y no los hay de tres estrellas. Los Paradisus de Meliá no necesitan clasificación. Lo que hicieron las cadenas hoteleras americanas fue precisamente ofrecer al cliente un diseño y una calidad estándar, que se va a encontrar en cualquier lugar del mundo.
¿Por qué están clasificados los hoteles y no los cruceros o los apartamentos y casas de AirBnB, o las cabinas de las compañías aéreas, donde también se pernocta?
El estado, en todas sus formas, nada pinta clasificando hoteles y debe limitarse, en este campo, a garantizar la seguridad, mediante las correspondientes inspecciones y a garantizar que todos paguen sus impuestos por igual.
No me imagino al gobierno estadounidense clasificando hoteles, ni al holandés, por supuesto, y supongo que antes de que transcurran los próximos cinco años, tampoco me imaginaré a las comunidades autónomas españolas haciéndolo.
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