Y aunque parezca una paradoja, en esta lucha contra la pobreza hemos de situar la seguridad jurídica de la propiedad en el mismo nivel que las ayudas económicas.
Es mayoritaria la opinión de expertos y prestigiosos economistas de que solo respetando jurídica y económicamente la propiedad de los pobres se genera un sistema de normas que, mediante los títulos de propiedad, permiten crear capital donde antes solo había valores ínfimos de las cosas.
Hay que remarcar la importancia que el derecho de propiedad con la cobertura jurídica necesaria ha tenido en los grandes avances económicos de los últimos 300 años, basados en el libre mercado y la propiedad privada reduce al máximo la pobreza, si dicho derecho además de disfrutar de una protección jurídica, también se encuentra sometido a una limitación jurídica, que tiende a evitar su uso o utilización indebida.
El Instituto Libertad y Democracia publicó un interesante estudio sobre el valor de los activos de los pobres en todo el planeta, cuantificados en 10.000 trillones de dólares, en su mayor parte inservibles e improductivos por el hecho de no estar titulizados oficialmente. Un simple título de propiedad multiplicaría por mil el valor potencial de las propiedades, que integraría en el sistema de libre mercado a sus titulares y acrecentaría los activos en circulación.
Este mismo informe nos indica que, a nivel global en el tercer mundo, donde es difícil crear una cultura del trabajo en el que los individuos sean eficientes, el 92% de las tierras y edificios no están registrados, el 88% de las empresas son microempresas o mejor dicho grupos familiares, lo que significa que son muchas las personas que trabajan en la economía sumergida, sin garantías y sin posibilidad de acudir a los mercados de capitales.
Podemos concluir, con economistas clásicos como Adam Smith o John Stuart Mill, que el título de propiedad no solo crea seguridad sino capital: el capital no es dinero sino esencialmente el valor potencial que tienen las cosas para nuevas iniciativas, para organizar un sistema que permita una cooperación que aporte nuevo valor a las cosas y sobre todo a los pobres. Al defender la propiedad no estamos defendiendo tesis conservadoras (ya que los ricos la tienen asegurada tanto jurídica como económicamente) sino sumamente progresistas.
Nos hemos de esforzar en avanzar en la lucha contra la pobreza buscando instrumentos para erradicarla, tarea que no es fácil, pero es una obligación moral que no admite el fracaso. En palabras de I. Estapé: Occidente tiene que enseñarle al tercer mundo que la propiedad es algo de tal valor que significa el punto de partida, el primer ladrillo del edificio del Derecho y por tanto del crecimiento económico.
